En un nuevo capítulo de la causa penal conocida como Correo Argentino, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso presentado por la defensa de dos directivos del Grupo Macri, Jaime Cibils Robirosa, presidente de Correo Argentino S.A., y su abogado Jaime Kleidermacher. Ambos, imputados en esta investigación que lleva más de siete años en curso, buscaban apartar a los jueces de la Cámara Federal porteña, Eduardo Farah y Roberto Boico, argumentando un supuesto temor de parcialidad y una presunta enemistad manifiesta con el expresidente Mauricio Macri. La decisión del máximo tribunal, que desestimó la queja por no dirigirse contra una sentencia definitiva, consolida la continuidad de los magistrados en el caso y mantiene la presión sobre los acusados.

La causa Correo Argentino, que tramita desde 2017 bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo, indaga presuntas irregularidades en un acuerdo firmado en 2016 entre el Estado Nacional y la empresa controlada por la familia Macri. Dicho acuerdo, según la fiscal Gabriela Boquin, implicaba una condonación que licuaba el 98,87% de la deuda que Correo Argentino S.A. mantenía con el Estado, un hecho que la fiscal calificó como “ruinoso” y “abusivo”. Además de Cibils Robirosa y Kleidermacher, la investigación involucra al exministro de Comunicaciones Oscar Aguad y al extitular de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Juan Manuel Mocoroa, quienes también enfrentan cargos por su rol en la negociación.

La defensa de los directivos del Grupo Macri fundamentó la recusación de los jueces Farah y Boico en una supuesta falta de imparcialidad, alegando que ambos magistrados habrían mostrado actitudes hostiles hacia el exmandatario. Sin embargo, esta estrategia fue desestimada en primera instancia por la Cámara Federal y, posteriormente, por el juez de la Cámara de Casación Penal, Javier Carbajo, quien determinó que los argumentos de la defensa carecían de pruebas objetivas que demostraran el temor de parcialidad alegado. La Corte Suprema, en línea con esta resolución, cerró la puerta al planteo al considerar que no cumplía con los requisitos procesales para ser tratado como un recurso extraordinario.

El caso Correo Argentino tiene su origen en la quiebra de la empresa, que en 2003 dejó una deuda millonaria con el Estado tras la privatización de los servicios postales en la década del ’90. Según documentos judiciales, la compañía adeudaba al fisco más de 4.000 millones de pesos (ajustados a valores actuales), una cifra que el acuerdo de 2016 buscaba reducir drásticamente en perjuicio del erario público. La intervención de la fiscal Boquin fue clave para frenar la homologación de ese acuerdo, al advertir que los términos pactados favorecían de manera desproporcionada a la empresa de la familia Macri y perjudicaban los intereses del Estado. Desde entonces, la causa ha avanzado lentamente en la etapa de instrucción, con múltiples recursos y planteos que han dilatado el proceso.

Fuentes consultadas en el ámbito judicial señalan que la decisión de la Corte Suprema refuerza la estabilidad del proceso y envía un mensaje claro sobre la solidez de las instancias previas. Sin embargo, el caso también ha generado críticas por su prolongada duración, lo que algunos expertos atribuyen a la complejidad de las maniobras investigadas y a la influencia política que rodea al Grupo Macri. Un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), publicado en 2023, destaca que casos como este reflejan los desafíos del sistema judicial argentino para resolver expeditivamente investigaciones que involucran a figuras de alto perfil político y empresarial.

En paralelo, un análisis de publicaciones en X revela que la opinión pública permanece dividida. Mientras algunos usuarios celebran la decisión de la Corte como un paso hacia la transparencia, otros critican la lentitud del proceso y cuestionan la imparcialidad de los actores judiciales involucrados. Por ejemplo, un post reciente de un usuario identificado como @JusticiaYaAR señaló: “Siete años y la causa Correo Argentino sigue en instrucción. ¿Hasta cuándo los poderosos van a retrasar la justicia?”. Estas voces reflejan la tensión social que genera el caso, en un contexto donde la confianza en las instituciones judiciales sigue siendo un tema sensible.

La causa Correo Argentino no solo pone en el centro del debate la relación entre el poder político y los negocios privados, sino que también plantea preguntas sobre la capacidad del sistema judicial para abordar casos de corrupción de gran escala. Mientras la investigación avanza, la sociedad espera respuestas concretas sobre las responsabilidades de los implicados y el destino de los fondos públicos comprometidos. Por ahora, la decisión de la Corte Suprema mantiene el rumbo del proceso, pero el desenlace de esta trama aún parece lejano.