Este jueves 10 de julio organizaciones sociales, familias, prestadores y profesionales se congregaron frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires y en diversas ciudades del país para exigir la sanción definitiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

La movilización, que comenzó a las 11 de la mañana en Avenida de Mayo y Entre Ríos, busca presionar al Senado para que apruebe esta norma, destinada a garantizar derechos y servicios esenciales para las personas con discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.

La protesta, liderada por entidades como la Fundación de Desarrollo Humano Integral, Argentina Humana Inclusiva y el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, denuncia una crisis profunda en el sector, agravada por recortes presupuestarios, la desfinanciación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la paralización de prestaciones.

Según las organizaciones, más de 250 mil personas con discapacidad y 150 mil trabajadores del sector se ven afectados por el "colapso total" del sistema, que incluye retrasos en pagos, falta de actualización de aranceles y recortes en pensiones no contributivas.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich desplegó un desmedido operativo policial, con vallados y fuerte presencia de efectivos, comprimiendo el espacio de los manifestantes.

En Buenos Aires, la concentración se replicó en otras ciudades como Córdoba (Plaza San Martín), Mendoza (Legislatura), Santa Fe (Plaza 25 de Mayo), Neuquén (Monumento de San Martín) y Gualeguaychú (Plaza Urquiza).

Los manifestantes también criticaron el "vaciamiento" de ANDIS, con 340 despidos y un recorte presupuestario del 19% desde 2023, además de auditorías burocráticas que han suspendido pensiones.

El gobierno, por su parte, ha calificado el proyecto como "asistencialista" y anticipó un posible veto por su impacto fiscal, estimado entre 0.22% y 0.42% del PBI.

Trabajadores de Vialidad se movilizan al Congreso

Los trabajadores de Vialidad Nacional se oponen al cierre y reestructuración del organismo, una decisión que fue oficializada mediante la publicación del Decreto 461/2025 en el Boletín Oficial.

“El cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad y de dos organismos más, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, declaró Adorni en una conferencia de prensa previa al decreto. Ante esta situación, los trabajadores están marchando en contra de medidas que ponen en riesgo su empleo.