Ordenan la reapertura de La Salada con nuevas condiciones y un fuerte control judicial
El popular mercado ubicado en el conurbano bonaerense vuelve a operar bajo estrictas exigencias legales. La feria deberá adaptarse a medidas bancarias, fiscales y de monitoreo para evitar delitos económicos.
Regresa una de las ferias más emblemáticas del país bajo supervisión judicial
La Justicia federal autorizó la reapertura de La Salada, considerada la feria más grande de Sudamérica, ubicada en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. La medida se produce mientras Jorge Castillo, su referente más conocido, permanece detenido por cargos de lavado de dinero, asociación ilícita y evasión fiscal, entre otros.
La decisión fue tomada por el juez Luis Armella, quien estableció que para volver a operar, el predio deberá cumplir estrictas condiciones. Quienes deseen comercializar en alguno de los tres paseos de compras –Urkupiña, Ocean y Punta Mogote– deberán registrar sus puestos y operar únicamente con sistemas bancarizados. Además, se designará un veedor judicial, junto con representantes de la Municipalidad y de ARCA, para fiscalizar el cumplimiento de la normativa.
Foco internacional de comercio ilegal y evasión
La Salada ha sido señalada en diversos informes internacionales como un punto neurálgico de la piratería y la falsificación de productos. En particular, figura en el listado elaborado por la Secretaría de Comercio de Estados Unidos, donde se advierte sobre la proliferación de tours de compras desde Brasil y Uruguay que alimentan la informalidad en el predio.
Incluso, la Unión Europea la describió como "un emblema mundial del comercio y la producción de mercadería falsificada". Este tipo de observaciones afectaron la imagen de la Argentina, que aparece como un país con débiles controles sobre la propiedad intelectual, algo que el gobierno de Javier Milei intenta revertir.
Castillo y sus socios, acusados por millonarias operaciones ilegales
En el marco de la causa, la fiscal federal Cecilia Incardona imputó a Castillo, junto a Aldo Presa, Antonio Corrillo Torrez y Enrique Antequera (quien permanece prófugo), por obtener "ganancias millonarias informales que luego incorporaban a la economía formal mediante inversiones en el mercado financiero y la adquisición de bienes y servicios".
Según Incardona, "el abultado patrimonio y nivel socioeconómico de los acusados eran evidencia de esto". Como parte de la investigación, la Justicia incautó 26 vehículos, dos embarcaciones y 13 propiedades vinculadas a los implicados.
Impacto laboral y reclamos sindicales
Desde el Sindicato de Trabajadores de Ferias, se reclamó la reapertura del predio para garantizar “condiciones de trabajo dignas”. La organización estima que unas 150.000 personas dependen de esta feria de manera directa o indirecta, incluyendo feriantes, carreros, puesteros de comida y remiseros.
Por su parte, fuentes oficiales sostienen que La Salada representaba un enorme foco de evasión, lo cual entorpecía el objetivo fiscal del Gobierno. Con esta nueva etapa de funcionamiento, se espera un control más riguroso sobre las actividades comerciales y una mayor formalización del circuito económico.