Ilarraz había sido condenado a 25 años de prisión por el abuso sexual de al menos siete menores la mayoría de familias campesinas, cometidos durante la década de 1980 en un seminario de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.

El fallo del máximo tribunal, que pone fin al proceso judicial por prescripción de los delitos, ha sido duramente cuestionado por organizaciones de derechos humanos, víctimas y sectores de la sociedad civil, quienes consideran que la medida representa un retroceso en la lucha contra el abuso infantil y la impunidad en casos de violencia institucional.

Ilarraz fue condenado en 2018 luego de un proceso judicial que reveló abusos sistemáticos dentro del Seminario Menor de Paraná, donde se desempeñaba como formador. Las víctimas, en su mayoría adolescentes varones, denunciaron los hechos décadas después, lo que complicó los plazos legales establecidos por el Código Penal.

La resolución de la Corte Suprema reactiva el debate sobre la necesidad de reformar las leyes de prescripción en casos de abuso sexual infantil, especialmente cuando se trata de crímenes cometidos en el marco de instituciones religiosas o educativas. Organismos defensores de la infancia reiteraron su pedido de imprescriptibilidad de estos delitos, en línea con tratados internacionales ratificados por Argentina.

El caso Ilarraz es uno de los más emblemáticos dentro del historial de abusos cometidos por miembros de la Iglesia Católica en Argentina, y su sobreseimiento ha reavivado el reclamo por justicia efectiva para las víctimas.