El año 2025 comenzó con tensión en el ámbito estatal tal como terminó el 2024, especialmente en el área de derechos humanos, tras conocerse el despido de numerosos trabajadores. La situación derivó en protestas en el ingreso del Archivo Nacional de la Memoria y otros sitios vinculados a la defensa de derechos humanos, donde empleados y organizaciones sociales expresaron su descontento.

La movilización policial fue notoria en el Archivo Nacional de la Memoria, un espacio emblemático en la preservación de documentos vinculados a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar. Los trabajadores denuncian que los despidos representan un retroceso en las políticas de memoria, verdad y justicia, esenciales en el país.