De acuerdo a un estudio realizado por el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS), en lo que va del año 63 personas en situación de calle perdieron la vida, 13 de ellas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La ausencia de medidas estructurales y el colapso del sistema habitacional, los principales puntos señalados por el organismo.

En diálogo con el medio Noticias Argentinas, Luna Miguens, directora del equipo de Tierra, Vivienda y Justicia Económica del CELS, denunció que en los últimos años se ha mantenido una política de abordaje de tinte punitivo, estigmatizante y discriminativo hacia las personas en situación de calle. “En los últimos dos años, hemos visto una política de abordaje de este problema con un tinte punitivo, estigmatizante y discriminativo, incluso, hubo publicaciones en Instagram del propio jefe de Gobierno (Jorge Macri) mostrando cómo sacan a la gente que viven en la calle, en un marco de ‘orden y limpieza’, como si esas personas fueran cosas”, indicó Miguens.

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Realidad que duele: en lo que va del año, fallecieron 63 personas en situación de calle
Desde el organismo criticaron la política de abordaje institucional a la problemática durante los últimos dos años.

Por su parte, las cifras brindadas por el Ministerio Público porteño avalan los dichos de Miguens: sólo entre 2024 y 2025, las denuncias por maltrato institucional a las personas en situación de calle se incrementaron en un 128%, cifra que refleja a su vez, el cambio de enfoque en el abordaje a la problemática previamente señalado por la directora del CELS. “Los echan, les roban sus pertenencias, son perseguidos y hostigados”, denunció Miguens en relación al maltrato sufrido por las personas en situación de calle.

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En tanto, el Gobierno nacional, a través del decreto 373/25, modificó la Ley 27.654, y trasladó la responsabilidad de las políticas para personas en situación de calle a las provincias, hecho que limita el rol del Estado nacional a la supervisión y financiamiento discrecional, además de reducir la coordinación y el impacto de las medidas para abordar la problemática, hecho interpretado como un “retroceso” por parte del organismo al momento de consolidar una política integral que permita hacer frente a la situación.

Las organizaciones hacen un llamado a la comunidad para colaborar con donaciones de frazadas, alimentos o voluntariado, mientras insisten en la necesidad de políticas integrales que garanticen la dignidad y supervivencia de las personas en situación de calle. La tragedia de las 63 muertes en 2025 subraya la urgencia de revertir el abandono estatal y la estigmatización de este sector vulnerable.