La justicia federal de Catamarca emitió un fallo de gran impacto social. El juez Guillermo Díaz Martínez, a cargo del Juzgado Federal Nº2, exigió a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que restituya de inmediato las pensiones por discapacidad suspendidas en los últimos meses, luego de aceptar la medida cautelar solicitada por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFADIM), representada por el defensor del Pueblo Dalmacio Mera.

Los fundamentos del fallo judicial

En su resolución, el magistrado señaló que se trata de “derechos de indudable naturaleza colectiva”, pero al mismo tiempo “individuales”, los cuales resultaron vulnerados por una norma considerada inconstitucional y una ejecución “irregular” por parte de la administración pública.

El juez estableció que, en el plazo de 24 horas desde la notificación del fallo, deben restituirse “la totalidad de las pensiones a los titulares” y pagarse los haberes retenidos hasta la fecha. Además, ordenó a la ANDIS que “se abstenga de continuar las auditorías y de disponer nuevas suspensiones de pensiones no contributivas por incapacidad”.

Manifestación. Personas con discapacidad y familiares en una protesta frente al Congreso.
Manifestación. Personas con discapacidad y familiares en una protesta frente al Congreso.

La acción de amparo y los beneficiarios afectados

La presentación fue impulsada por Griselda Bazán, presidenta de APYFADIM, junto a seis titulares que habían perdido el beneficio, todos ellos patrocinados por la Defensoría del Pueblo.

El amparo fue dirigido “contra el Estado Nacional y la ANDIS”, con el objetivo de que se declare la nulidad de las suspensiones de las pensiones por invalidez, la adecuación de los procedimientos de auditoría y la inconstitucionalidad del Decreto Nº843/2024.

Según consignó el diario El Ancasti, el dictamen previo había sido emitido por el fiscal federal Santos Reynoso, quien se mostró a favor del planteo presentado el viernes 5 de septiembre.