Este miércoles, Alberto Fernández, expresidente de Argentina, se presentó ante la Justicia. Negó estar involucrado en maniobras de presunta malversación de fondos públicos, vinculados a la contratación de seguros en dependencias estatales.

El exmandatario entró a la sede judicial en medio de un estricto operativo de seguridad que incluyó policías federales distribuidos a lo largo del cuarto piso.

Fernández aceptó responder preguntas de su abogada defensora, Mariana Barbitta y presentó un escrito, mientras que se negó a responder preguntas del fiscal Carlos Rívolo y del juez federal Julián Ercolini.

A Alberto Fernández y a los demás involucrados se les imputa haber operado, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos.

Según la acusación, el mecanismo se basaba en el direccionamiento irregular de contratos de seguros en beneficio de particulares y empresas, utilizando como intermediaria a la firma Nación Seguros S.A.

Ahora, el juez Ercolini tendrá 10 días para resolver la situación judicial de Fernández: podrá procesarlo, dictar su sobreseimiento o disponer una falta de mérito, si considera que todavía faltan elementos. En ese caso, le devolvería la causa al fiscal Rívolo para que siguiera investigando.

Pasado el mediodía finalizó la indagatoria y Alberto Fernández se retiró del recinto, una vez más, sin brindar declaraciones a la prensa. Sin embargo, quien sí habló con los periodistas fue su defensora, que aseguró que la indagatoria fue "tensa".

Cabe recordar que no es el único problema judicial que enfrenta el expresidente. Paralelamente, Fernández está imputado en una causa por violencia de género iniciada por la ex primera dama Fabiola Yañez. En ese expediente, el fiscal solicitó la semana pasada su citación a indagatoria, un pedido que también deberá resolver el juez Ercolini.