En Argentina, se han realizado allanamientos en comedores populares debido a denuncias de extorsión.

El modus operandi de los acusados se descubrió a partir de testimonios de los beneficiarios de planes sociales, que proporcionaron chats y mensajes de audio que mostraban la extorsión por parte de los líderes piqueteros. Además, se detectaron millones de pesos, dólares y tarjetas de débito durante los allanamientos.

En diciembre del año pasado, el Gobierno habilitó una línea telefónica para denunciar supuestas extorsiones por parte de dirigentes piqueteros a beneficiarios de planes para que acudan a la marcha que se realizó el 20 de ese mes.

En total, hubo 13.310 llamadas, de las cuales pudieron atenderse 2720 y 924 se transformaron en denuncias. Unos 45 casos fueron denunciados en la ciudad de Buenos Aires y sobre ellos se centró la investigación del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita.

El Gobierno también denunció una red de comedores fantasmas que desviaba fondos y extorsionaba a beneficiarios, y se investigan 942 casos de extorsión.

Organizaciones sociales sostienen que las denuncias buscan el descrédito y la persecución a sus dirigentes, la mayoría críticos al gobierno.

Los allanamientos, sin arrestos, se realizaron el lunes y el martes de madrugada en distintos puntos de la capital argentina y su periferia. Comprendieron casas particulares y sedes partidarias, como el local central del Partido Obrero (izquierda) de la capital argentina.

Argentina atraviesa una fuerte crisis económica que el Gobierno intenta revertir con un severo ajuste fiscal.