El Tribunal Oral Federal N°7 (TOF 7) rechazó de manera unánime el ofrecimiento de reparación integral económica presentado por más de 50 empresarios y exfuncionarios acusados en la megacausa conocida como "Los Cuadernos de las Coimas".

Esta decisión confirma que todos los imputados deberán enfrentar el juicio oral y público, programado para iniciar el próximo 6 de noviembre.

Cabe recordar que la investigación surgió en 2018 a partir de las anotaciones en cuadernos del chofer Oscar Centeno, quien registraba supuestos traslados de bolsos con dinero en efectivo entre funcionarios del Ministerio de Planificación (durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner) y empresarios de sectores como construcción, energía y transporte.

Estas notas, sumadas a confesiones de arrepentidos, revelaron un presunto esquema sistemático de coimas y sobornos por adjudicaciones de obra pública, con un total estimado de más de 540 hechos delictivos involucrados.

El Tribunal Oral Federal N°7 (TOF 7) rechazó de manera unánime el ofrecimiento de reparación integral económica presentado por más de 50 empresarios y exfuncionarios.
El Tribunal Oral Federal N°7 (TOF 7) rechazó de manera unánime el ofrecimiento de reparación integral económica presentado por más de 50 empresarios y exfuncionarios.

El expediente acumula 174 procesados, incluyendo:

  • Exfuncionarios como Julio De Vido, José López y Roberto Baratta.
  • Políticos como la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (acusada como jefa de la organización).
  • Empresarios destacados como Ángelo Calcaterra (primo de Mauricio Macri), Aldo Roggio, Cristóbal López, Fabián de Sousa, Enrique Pescarmona y Armando Loson.

Cristóbal López, Fabián de Sousa y Osvaldo Manuel de Sousa. Socios de la constructora CPC y, entonces, del canal C5N. Hicieron una propuesta conjunta para pagar US$683.028,53.

Hugo Marín Larraburu, secretario del Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. Ofreció US$30.537 y pidió que se contemplara lo que también aportaría su jefe de entonces.

Juan Manuel Abal Medina, jefe de Gabinete de Cristina Kirchner. Ofreció pagar US$40.000 actualizado por tasa activa del Banco Nación.

De estos, 30 son arrepentidos que ya colaboraron con la Justicia, pero el resto enfrenta cargos por asociación ilícita, cohecho y administración fraudulenta.

Aldo Roggio y Gabriel Romero
Aldo Roggio y Gabriel Romero

Entre 45 y 50 empresarios propusieron un "acuerdo reparatorio" bajo el artículo 109 bis del Código Penal argentino, que permite extinguir la acción penal mediante una compensación económica o entrega de bienes, sin necesidad de admitir culpa.

Osvaldo Acosta, de Electroingeniería
Osvaldo Acosta, de Electroingeniería

Las ofertas totalizaban entre 12 y 21 millones de dólares, incluyendo:

  • Pagos en efectivo por cientos de millones de pesos.
  • Bienes inmuebles y muebles, como un departamento en Miami y un yate ofrecidos por uno de los imputados.

El argumento de las defensas era práctico: un juicio con más de 600 testigos, 26 calificaciones legales distintas y audiencias semanales podría extenderse por años, incluyendo apelaciones hasta la Corte Suprema, lo que generaría costos y demoras innecesarias para la Justicia.

La fiscal federal Fabiana León fue la primera en oponerse tajantemente durante una audiencia el 12 de septiembre, argumentando:

  • La reparación integral requiere una víctima concreta y un daño mensurable, lo que no aplica en delitos de corrupción sistémica que afectan al Estado y la sociedad en general.
  • Aceptar el acuerdo sería "vender impunidad" y "mercantilizar la corrupción", equivaliendo a que "la honra no se paga" y que "la corrupción se juzga" mediante un proceso público y contradictorio.
  • No se puede extinguir selectivamente la acción penal solo para empresarios, dejando a los funcionarios en juicio, lo que violaría la igualdad ante la ley.

En la misma línea, la Unidad de Información Financiera (UIF), como querellante, y el propio Oscar Centeno (parte civil) solicitaron el rechazo, advirtiendo que legitimaría un "mecanismo de impunidad para quienes tienen poder económico".

Este lunes, los jueces Enrique Méndez Signori (presidente), Fernando Canero y Germán Castelli ratificaron esta postura en un fallo unánime, priorizando el interés público sobre las compensaciones. Algunos abogados de la defensa criticaron que la oposición de la fiscalía se basó en "razones de carácter general sin sustento jurídico", pero el tribunal priorizó la gravedad institucional del caso.

Próximos Pasos

  • El juicio comenzará el 6 de noviembre en los Tribunales de Comodoro Py, con audiencias semanales.
  • Se estima una duración de al menos 2-3 años, dada la complejidad.
  • Cristina Fernández de Kirchner, inhabilitada políticamente por otra causa, será juzgada en ausencia si no revoca su decisión.

Esta resolución refuerza el compromiso de la Justicia con la transparencia en casos de corrupción de alto impacto, evitando atajos que podrían percibirse como desiguales.