En una decisión que ha generado fuertes polémicas, la Comisión Nacional de Monumentos aprobó en tiempo récord el proyecto de demolición y expansión del emblemático estadio Luna Park, ubicado en el corazón de Buenos Aires. La resolución, firmada el 6 de enero, autoriza la modificación de la estructura original del estadio, que fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2007 y se encuentra en un Área de Protección Histórica, lo que normalmente impediría cualquier alteración significativa.

El proyecto, impulsado por el Arzobispado de Buenos Aires y el empresario Diego Finkelstein, prevé una ampliación de la capacidad del estadio de 8.400 a 13.000 espectadores, un aumento del 53%. La empresa DF Entertainment, de Finkelstein, tiene la concesión del Luna Park por 40 años y se comprometió a pagar un millón de dólares al Arzobispado como parte del acuerdo inicial, además de un canon anual de la misma suma.

La rapidez con la que se aprobó el proyecto, en apenas dos meses y durante el receso vacacional, ha suscitado suspicacias. Los trámites similares en el ámbito de la protección patrimonial suelen demorar considerablemente más tiempo. La decisión de la Comisión fue liderada por Mónica Capano, presidenta del organismo, y Juan Vacas, vocal de la Comisión y actual subsecretario de Paisaje Urbano en la Ciudad de Buenos Aires, quien tiene vínculos con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Aunque el Gobierno de la Ciudad había expresado su rechazo inicial al proyecto, la participación de Vacas en la votación favorable dentro de la Comisión ha puesto al gobierno porteño en una situación incómoda, especialmente por las acusaciones de falta de transparencia y presiones políticas.

Organizaciones como la Fundación Ciudad y Basta de Demoler han denunciado que el proyecto no solo pone en riesgo el patrimonio histórico del Luna Park, sino que también va en contra de las normativas de protección del patrimonio cultural. Ambas entidades solicitaron el acceso al expediente y al acta de aprobación, pero no recibieron respuestas, lo que ha sumado más incertidumbre al proceso.

Ahora, la última palabra sobre la suerte del Luna Park está en manos del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y del Papa Francisco, ya que el estadio sigue siendo propiedad de la Iglesia Católica. La decisión final podría tener repercusiones más allá de lo arquitectónico, generando nuevos frentes de debate sobre la preservación del patrimonio histórico y los intereses económicos en juego.

El futuro del Luna Park está marcado por una creciente controversia, con sectores de la sociedad que defienden la modernización del estadio sin sacrificar su valor histórico, y otros que alertan sobre los riesgos de perder un símbolo de la cultura y el deporte argentino.