Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina, presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para impugnar la obligación de usar una tobillera electrónica y las restricciones al régimen de visitas impuestas durante su arresto domiciliario.

Este pedido fue realizado por sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, este viernes 8 de agosto, tras la confirmación de estas medidas por el Tribunal Oral Federal Nº2 y la Cámara Federal de Casación Penal.

La defensa argumenta que la tobillera es "injustificada, estigmatizante e ilegal", ya que no existe riesgo que justifique su uso, dado que Kirchner está bajo custodia constante en su domicilio en el barrio de Constitución, donde cumple una condena de seis años por administración fraudulenta en la causa Vialidad.

X de Cristina Kirchner

En términos técnicos, Beraldi y Llernovoy sostuvieron que la tobillera no es de uso obligatorio y que la Ley 24.660, en su artículo 33, permite dispensarla si no hay riesgo de fuga. 

Además, consideran que las limitaciones a las visitas violan el principio de igualdad ante la ley, al no haber antecedentes de restricciones similares en casos de arresto domiciliario.

También se solicitó la recusación de los jueces de la Corte Suprema (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti), proponiendo que el recurso sea resuelto por conjueces sorteados.

La Cámara de Casación debe decidir si admite el recurso para que llegue a la Corte; de lo contrario, la defensa podría presentar una queja directa ante el máximo tribunal.

Cabe recordar que la referente política deberá presentarse el próximo 6 de noviembre ante Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, por el inicio del juicio oral por la "causa de los Cuadernos", en el que se investigan supuestos pagos sistemáticos de sobornos a funcionarios de sus gobiernos y de Néstor Kirchner.

El juicio oral contará con la participación de 630 testigos, y Cristina Kirchner está acusada de ser jefa de una asociación ilícita y de haber recibido coimas para direccionar contratos de obra pública.