Diputados interpelará a Guillermo Francos por la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad
El proyecto fue presentado por los bloques de Encuentro Federal, presidido por Miguel Ángel Pichetto, y de la bancada de Desarrollo y Coherencia que agrupa a los exlibertarios Oscar Zago y Marcela Pagano.
Luego de que el Poder Ejecutivo decidiera suspender hasta nuevo aviso la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el diputado del bloque Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, presentó un proyecto para interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por esta decisión en un proceso que, en caso de prosperar, podría terminar con la destitución de uno de los funcionarios más fuertes del Gabinete de Milei.
El pedido de interpelación surge después de que el funcionario anunciara la promulgación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, y en una medida que no registra antecedentes, decidiera suspender la aplicación de la misma con el argumento de que no existen los fondos necesarios para aplicarla. "La norma se encuentra suspendida en su ejecución hasta tanto el Congreso determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que ella misma prevé”, reza el decreto publicado en el Boletín Oficial.
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En respuesta, desde la bancada Encuentro Federal, presidida por Miguel Ángel Pichetto, y el bloque de Desarrollo y Coherencia, formado por los exlibertarios Oscar Zago y Marcela Pagano, se inició el pedido de interpelación al funcionario, una solicitud amparada en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que permite la interpelación al jefe de Gabinete de ministros y, en caso de avanzar, su destitución por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras, una meta que no parece difícil de alcanzar para los bloques opositores.
El argumento es sencillo: desde ambas bancadas se acusa al jefe de Gabinete de haber incurrido en una violación de la división de poderes al no aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad una vez que ambas Cámaras hayan insistido en su aplicación con la suma de los dos tercios de los votos, tanto en Diputados como en Senadores.
No obstante, además de la acusación por la no aplicación de la norma ratificada por ambas Cámaras, desde ambos bloques apuntaron contra el jefe de Gabinete libertario por "violación sistemática de la división de poderes", dado que desde 2023 la administración de Javier Milei gobierna con el presupuesto prorrogado y reasigna fondos y partidas de manera discrecional, sin pasar por el control de las Cámaras.
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¿Qué antecedentes existen en el país?
En Argentina, el proceso de juicio político no ha sido una herramienta muy utilizada a lo largo de la historia, por lo que no se registran muchos antecedentes de funcionarios destituidos tras someterse a un proceso de interpelación en el Congreso.
Para hallar el último caso registrado de destitución por juicio político en el país, hay que remontarse 22 años atrás, durante los primeros meses de Gobierno de Néstor Kirchner, cuando en el proceso de renovación de la Corte Suprema, el juez Eduardo Moliné O’Connor fue cesado de su cargo en diciembre de 2003, luego de que la Cámara de Diputados y la de Senadores alcanzaran la mayoría en 2 de los 9 cargos que se le imputaban. El último en ser destituido fue el juez Antonio Boggiano, luego de que el Senado alcanzara la mayoría de los dos tercios en 6 de las 14 acusaciones en su contra.