El Gobierno de Javier Milei ha tomado una drástica medida en la Procuración del Tesoro de la Nación, despidiendo a 60 funcionarios en el marco de una investigación por presuntas filtraciones que habrían comprometido la estrategia argentina en el millonario juicio por la expropiación de YPF en Nueva York. Según fuentes consultadas por Noticias Argentinas, las sospechas surgieron tras detectar que los bufetes de abogados que litigan contra la Argentina parecían anticipar las estrategias jurídicas diseñadas por el Estado, en un caso que llevó a la jueza Loretta Preska a condenar al país a pagar USD 16.100 millones a los fondos buitres.

El Gobierno Nacional justificó los despidos como parte de una “reestructuración” destinada a lograr una mayor eficiencia en la Procuración del Tesoro, organismo dependiente del Ministerio de Justicia y encabezado por Santiago Castro Videla. Sin embargo, en la Casa Rosada reina un profundo malestar por el desempeño del organismo en el mega juicio, considerado el más grande en la historia de los litigios de este tipo. La sentencia de Preska ordena a la Argentina entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal YPF a los demandantes, liderados por el polémico fondo Burford, especializado en este tipo de disputas legales.

La preocupación en el Gobierno se intensificó ante indicios de filtraciones que habrían beneficiado a Burford, favoreciendo su posición en el litigio por la estatización de YPF en 2013. Fuentes del Ministerio de Economía y otras dependencias oficiales confirmaron que se sospecha que información estratégica fue comprometida, debilitando la defensa argentina. Aunque la Procuración no confirmó oficialmente estas versiones, el hermetismo en torno a las filtraciones y los despidos alimenta las especulaciones sobre irregularidades internas.

En el marco de la reestructuración, la Procuración del Tesoro reducirá sus Direcciones Nacionales de seis a cuatro, disolverá la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado y transferirá sus funciones a un nuevo centro con menos de un tercio del personal original. Además, se implementaron medidas de ahorro, como la reducción de comitivas y gastos en viajes oficiales, y la reorganización de funciones para eliminar unidades jerárquicas innecesarias. Estas acciones reflejan el intento del Gobierno de Milei de optimizar recursos en medio de una crisis judicial de alto impacto.

El caso tomó un giro positivo para Argentina este martes, cuando la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York emitió una suspensión preventiva de la orden de Preska que exigía la entrega del 51% de YPF. Esta suspensión administrativa, según informó la Procuración, permanecerá vigente hasta que el tribunal decida sobre una suspensión definitiva, mientras Argentina apela la resolución del 30 de junio. Además, el gobierno de Donald Trump se sumó como “amicus curiae”, ofreciendo su opinión en apoyo a la postura argentina, lo que representa un alivio en la compleja batalla legal.

El rol de Santiago Castro Videla, titular de la Procuración, también está bajo escrutinio. Según Clarín, su nombramiento generó controversia debido a su vínculo con el estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla, que colaboró con un bufete estadounidense en el litigio contra YPF y presentó al constitucionalista Alberto Bianchi como experto para explicar el sistema judicial argentino. Este antecedente, sumado a las sospechas de filtraciones, ha puesto en duda la gestión de Castro Videla, aunque su continuidad estaría asegurada por el respaldo de Santiago Caputo, integrante del Triángulo de Hierro cercano a Milei.

En X, el caso desató un fuerte debate. Usuarios como @JusticiaAR señalaron: “Las filtraciones en el juicio por YPF son un escándalo. ¿Quién traicionó al país?”. Otros, como @EconomíaHoy, destacaron el impacto económico: “Pagar USD 16.100 millones sería catastrófico para Argentina”. Mientras el Gobierno busca revertir el fallo y esclarecer las filtraciones, el futuro de YPF y la credibilidad de la Procuración del Tesoro están en juego en un litigio que mantiene en vilo a la economía argentina.