El Gobierno definió un posible lugar de detención para Cristina Kirchner tras la condena por la causa Vialidad
El tribunal recibió la propuesta del Ministerio de Seguridad en un sobre cerrado. La defensa de la ex presidenta insiste en el pedido de prisión domiciliaria por edad, seguridad personal y su rol institucional.
Respuesta reservada del Ejecutivo tras el fallo judicial
El Gobierno Nacional, encabezado por Javier Milei, respondió al requerimiento del Tribunal Oral Federal 2 respecto a la condena de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.
En un sobre cerrado, el Ministerio de Seguridad envió la información sobre un posible lugar de detención para la ex mandataria, ante la posibilidad de que no se le conceda la prisión domiciliaria solicitada por su defensa.
La documentación, por su carácter reservado, fue almacenada en una caja fuerte del tribunal, sin que las partes involucradas en la causa tengan aún acceso al contenido.
El plazo judicial para presentarse vence el miércoles
Luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la condena a seis años de prisión contra Cristina Kirchner y otras ocho personas, el tribunal dispuso que todos los condenados se presenten en Comodoro Py en un plazo de cinco días hábiles. Ese límite se cumple el miércoles a las 9:30.
Requerimiento especial al Ministerio de Seguridad
El juez Jorge Gorini firmó un oficio dirigido a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, en el que pidió que el gobierno nacional defina una dependencia adecuada para alojar a los condenados. En ese documento se señala que, para elegir el sitio, se deben considerar las particularidades individuales de cada uno.
En el caso de Cristina Kirchner, se indicó que "se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso". Esa última mención refiere al intento de asesinato que sufrió en la puerta de su casa.
Qué lugar ofreció el Gobierno
La respuesta del Gobierno llegó y el tribunal comunicó formalmente que "en horas de la tarde del día de ayer se recibió en la Secretaría del Tribunal, en un sobre cerrado, la respuesta del Ministerio de Seguridad Nacional al requerimiento que se le había sido cursado el pasado 10 de junio. Asimismo, a través de la presente se hace constar que conocido lo anterior por el Sr. Presidente, a su requerimiento se procedió a la reserva del sobre en la caja fuerte del Tribunal, en atención a la confidencialidad de la información allí contenida".
Desde entonces, circularon diversas versiones sobre cuál sería el destino sugerido para la ex jefa de Estado, con fuerte énfasis en la posibilidad de que se trate de un hospital penitenciario perteneciente al Sistema Federal.
La defensa insiste con el arresto domiciliario
Esa opción, sin embargo, podría descartarse si el tribunal aprueba antes el pedido de arresto domiciliario. La defensa de Cristina Kirchner presentó un escrito en el que solicita cumplir la condena en su departamento ubicado en San José 1.111, en el barrio porteño de Constitución.
El tribunal ya dispuso que se realice un estudio socioambiental en el lugar y solicitó a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola que emitan su opinión. Ambos fiscales reclaman la detención inmediata de los condenados y tienen un plazo de tres días para responder.
Argumentos de la defensa para el arresto domiciliario
Los abogados de la ex presidenta argumentaron que por razones de seguridad, edad y su investidura institucional, no corresponde su detención en una cárcel común. En el escrito, señalaron que "resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida".
Además, solicitaron que no se le imponga una tobillera electrónica, recurso habitual en los casos de prisión domiciliaria.