El Gobierno nacional flexibilizó la regulación de armas semiautomáticas
A través del Decreto 529/2025, el Gobierno nacional autorizó la tenencia y portación de armas semiautomáticas de repetición para civiles, eliminando restricciones previas.
El Gobierno de Javier Milei, publicó una significativa flexibilización en la regulación de armas semiautomáticas de repetición para uso civil, a través del Decreto 529/2025 en el Boletín Oficial, elimina las restricciones que clasificaban estas armas como de uso exclusivo militar o de fuerzas de seguridad, y permiten su tenencia y portación por parte de ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).
La normativa, firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, entró en vigencia el 18 de junio y responde a una demanda de sectores que abogan por el derecho a la autodefensa, en línea con las promesas de campaña de Milei de garantizar mayores libertades individuales. Según el decreto, las armas semiautomáticas de repetición, como pistolas y fusiles que disparan un proyectil por cada presión del gatillo, podrán ser adquiridas por civiles con credencial de Legítimo Usuario de Armas de Fuego, tras cumplir con los controles psicofísicos y de antecedentes penales exigidos por la ANMaC.
Además, también se simplificaron los trámites para la renovación de licencias y la inscripción de estas armas, con el objetivo de agilizar los procesos administrativos. El Ministerio de Seguridad justificó la medida y argumentó que las restricciones previas, impuestas por normativas de 2016, eran “arbitrarias” y limitaban los derechos de los ciudadanos a poseer armas para defensa personal o actividades deportivas. La resolución destaca que las armas semiautomáticas de repetición no representan un riesgo mayor que otras categorías ya permitidas, siempre que se cumplan los protocolos de control.
En este sentido, el Gobierno busca fomentar la “responsabilidad individual” en el uso de armas, manteniendo la obligatoriedad de capacitaciones y registros.Sin embargo, la decisión ha generado controversia entre diversos sectores. Organizaciones de la sociedad civil y especialistas en seguridad pública advierten sobre el potencial aumento de la violencia armada en un contexto de creciente inseguridad urbana. Según datos del propio Ministerio de Seguridad, en 2024 se registraron más de 1.200 homicidios con armas de fuego en el país, lo que alimenta el debate sobre los riesgos de facilitar el acceso a armamento más sofisticado.
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Por otro lado, asociaciones de legítimos usuarios y clubes de tiro celebraron la medida, y la consideraron un avance en la defensa de los derechos individuales. El decreto también incluye modificaciones en la importación de armas semiautomáticas, y elimina trabas burocráticas para su ingreso al país, lo que podría incrementar su disponibilidad en el mercado legal. No obstante, la normativa mantiene la prohibición de armas automáticas y refuerza las penas para quienes las posean o utilicen de manera ilegal. La ANMaC será la encargada de supervisar la implementación de la nueva regulación, con un plazo de 90 días para actualizar los procedimientos administrativos.
Esta flexibilización, que se suma a otras medidas del Gobierno para reducir regulaciones en distintos ámbitos, ha reavivado el debate sobre el equilibrio entre libertad individual y seguridad pública en Argentina. Mientras el Ejecutivo defiende la medida como un paso hacia la autonomía ciudadana, críticos exigen un análisis más profundo de sus consecuencias en un país donde la violencia armada sigue siendo una preocupación central.