En el marco del inicio del proceso de privatización del ferrocarril Belgrano Cargas y Logística SA publicado a través de la resolución 1049 en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transporte de la Nación podrá avanzar con la venta del material rodante, que incluye locomotoras y vagones, mientras que las concesiones para el uso de vías se realizarán a través de procesos licitatorios nacionales e internacionales.

Con el plazo de un año fijado como límite máximo para completar su traspaso a manos privadas, a través de la cartera de Transporte la administración libertaria busca avanzar con el proceso de privatización de los servicios de cargas, que incluye a la línea Belgrano, San Martín y Urquiza.

“Con estas medidas el Estado dejará de ser operador ferroviario del transporte de carga y de toda la infraestructura como el material rodante, las vías, talleres e inmuebles aledaños. También es importante destacar que los terrenos y las vías continuarán siendo propiedad del Estado ya que revierten al mismo al finalizar la concesión”, reza el comunicado publicado en la página oficial del Gobierno.

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El Gobierno rematará locomotoras y vagones en medio de la privatización del Belgrano Cargas
El proceso de privatización deberá completarse en el plazo de un año, de acuerdo al comunicado publicado por el Gobierno nacional.

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La empresa Belgrano Cargas opera alrededor de 7.600 kilómetros de vías férreas que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, las provincias del litoral, del norte y de cuyo, lo que refleja el rol central que ocupa la compañía en el transporte de carga ferroviaria.

A su vez, la operación se llevará a cabo por las plataformas SUBAST.AR y CONTRAT.AR, mientras que el Banco de la Nación Argentina será el encargado de administrar los fondos provenientes del material rodante subastado, los cuales se estima, se abocarán a realizar obras de infraestructura ferroviaria.

La iniciativa avanza a la par que el Gobierno impulsa el proceso de privatización de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), en línea con el objetivo de la administración libertaria de reducir la participación pública en ámbitos empresariales.