Qué establece la nueva ley

El proyecto dispone que los gastos de funcionamiento de las universidades se actualicen “al 1º de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC)”, con incrementos bimestrales durante este año.

Además, el Ejecutivo deberá actualizar los salarios de docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la entrada en vigencia de la ley, “en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Todos los aumentos tendrán carácter remunerativo y bonificable.

En un plazo máximo de un mes, será obligatorio convocar a la negociación paritaria, con periodicidad no mayor a tres meses y actualizaciones mensuales nunca por debajo de la inflación publicada por el INDEC.

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Debate en el recinto

El peronista Fernando Salino advirtió: “En los cinco meses de 2025, se transfirió un 22,5% menos de lo que fue en primeros cinco meses de 2023”. Además, comparó la inversión universitaria con el PBI: “Dos años atrás fue 0,72%, mientras que para el corriente período se estima en 0,43%”.

El radical Maximiliano Abad fue más crítico: “Gobernar sin Presupuesto es como navegar sin GPS, sin brújula y se avanza a la deriva. Estamos a pocos días que Gobierno tenga que enviarlo al Congreso”. Y agregó: “Es un error monumental pensar que el crecimiento va a ser automático por exportaciones del campo, la minería o Vaca Muerta”.

En la misma línea, José María Carambia sintetizó: “No venimos a votar en contra de ningún presidente, no es un partido de fútbol”. Mientras que el radical Flavio Fama defendió el sistema universitario: “¿Qué argentino no quiere tener una universidad pública? ¿De qué estamos hablando?”.

La posición del oficialismo

El cierre estuvo a cargo del jefe libertario Ezequiel Atauche, quien enfatizó en la educación inicial: “Uno de cada 10 niños no sabe leer. En los niveles más bajos, uno de cada 5. Uno de cada dos no puede comprender textos”.

Además, sostuvo que “se pervirtió durante décadas y se utilizaron las aulas como lugares de lavado de cerebro y de disputa ideológica muy tristes”. Según Atauche, “el 4% de los egresados del país se producen en el 30% de las universidades, que se llevan el 55% del presupuesto en salarios”.