Rechazo legislativo a las reformas estructurales

El debate comenzó pasadas las 12.30 y se extendió tras una serie de cuestiones de privilegio e intentos de ampliar el temario. La votación dejó sin efecto las resoluciones del Poder Ejecutivo motorizadas desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, ya rechazadas previamente en Diputados.

Uno de los puntos centrales fue el decreto que disponía la disolución de Vialidad Nacional. Según el texto, la estructura no se ajustaba “a las necesidades actuales de gestión”, lo que se traducía en “altos costos operativos” y poca agilidad. También señalaba una “desproporción” entre el personal administrativo y el operativo, además de destacar la supuesta mayor eficiencia de los tramos concesionados a privados.

La norma reasignaba funciones de planificación, elaboración de pliegos y control al Ministerio de Economía, además de establecer la eliminación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) con el argumento de que la Gendarmería Nacional ya puede realizar esas tareas.

Cruces en el recinto por los organismos

El radical Pablo Blanco criticó con dureza la iniciativa: “El Gobierno toma una medida que es como si aparece un enfermo de cáncer y para no gastar en dinero le pega un tiro y lo mata, entonces se acabó el enfermo y se acabó el problema”.

Por su parte, el senador del PRO y productor agropecuario Alfredo De Angeli defendió al INTA: “Tiene un prestigio tremendo a nivel internacional”, afirmó, y pidió “preservar su autarquía”. Además, recordó que “el INTA ha inventado la primera cosechadora de algodón para la zona de Santa Fe, Chaco y Formosa”.

El camporista Eduardo De Pedro centró sus críticas en el decreto que modificaba el Banco Nacional de Datos Genéticos, al considerar que “quita competencias, reduce las capacidades, y tiene que ver con volver a la Argentina de la impunidad”.

Rechazo. El Senado dio de baja varios decretos impulsados por el presidente Javier Milei.

Cambios propuestos en organismos clave

El plan oficial también apuntaba a transformar la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) en la “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”, absorbiendo las competencias de fiscalización de concesiones viales que antes tenía Vialidad.

De igual modo, la Junta de Seguridad en el Transporte se convertiría en la “Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación”, limitando su rol al ámbito aéreo y suprimiendo o reasignando sus funciones en los modos ferroviario, automotor y marítimo.

En el caso del INTA y el INTI, el Gobierno buscaba quitarles su carácter de entes autárquicos para transformarlos en organismos desconcentrados dependientes de secretarías de Estado. El INTA pasaría a depender de Agricultura, mientras que el INTI lo haría de Industria, con críticas a que el 30% de su personal se concentre en administración, “muy por encima de los estándares habituales”.

Golpe al DNU sobre la Marina Mercante

Finalmente, el Senado también rechazó el DNU que desregulaba la Marina Mercante, completando así un duro golpe político contra la estrategia de desregulación del Ejecutivo.