El Senado reabre el debate sobre la Corte Suprema y anticipa una discusión a largo plazo
Las comisiones comenzaron a recibir expositores sobre los cambios en la integración del máximo tribunal. Mientras crecen las sospechas políticas, la Casa Rosada apuesta al recambio legislativo para avanzar con su estrategia.
En medio de un clima tenso y con intereses cruzados, el Senado de la Nación reactivó esta semana el debate por la reforma de la Corte Suprema, un tema sensible que volvió al centro de la escena con la convocatoria a expositores en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
Según confiaron legisladores de distintos bloques, el tratamiento se extenderá por lo menos dos o tres meses, en línea con la estrategia del Gobierno nacional, que apunta a empujar el tema con fuerza tras el recambio parlamentario de diciembre.
Las claves del debate judicial que divide al Congreso
La senadora Alejandra Vigo, representante del peronismo disidente y presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, promovió un ritmo ágil para el análisis de los proyectos. Sin embargo, fue ella misma quien deslizó la posibilidad de trasladar el debate al interior del país, lo que generó cuestionamientos en pasillos legislativos: “¿Somos la ‘Casa’ que representa a las provincias y vamos a viajar? Parece un chiste…”, ironizó un legislador con trayectoria.
En la versión taquigráfica de la última reunión, Vigo dejó clara la magnitud de lo que está en juego: “No es un tema nuevo… Estamos debatiendo para poder definir por consenso […] la integración de la Corte Suprema para los próximos veinte años en la Argentina”.
Quiénes expondrán y qué cambios se discuten
Entre los disertantes confirmados se encuentran Aída Kemelmajer, ex jueza de la Corte mendocina, propuesta por legisladores de la UCR y el peronismo; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el abogado Francisco Oneto, cercano al presidente Javier Milei.
Los proyectos en análisis proponen aumentar el número de jueces de la Corte Suprema de cinco a siete, nueve o incluso quince integrantes, como el modelo aprobado por el Frente de Todos en 2022, que quedó trunco en Diputados.
La reforma judicial de 2020, impulsada durante el gobierno de Alberto Fernández, también resuena como antecedente, aunque terminó siendo duramente criticada por sus fallas técnicas y políticas.
Falta de acuerdos y organismos acéfalos
Durante el plenario, el senador Juan Carlos Romero (Salta) expuso un diagnóstico duro: “No hubo diálogo político en los últimos veinte y pico de años para acordar nada […] Tenemos la Auditoría General de la Nación acéfala, el procurador que no está designado, los directores del Banco Central en comisión hace más de una década, el defensor del pueblo es inexistente”.
La agenda legislativa, entre el desgaste y la rosca
El cronograma establecido preveía encuentros quincenales para avanzar en la discusión. Sin embargo, la decisión del Senado de convocar nuevamente al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para el miércoles a las 11:00, podría alterar los planes.
Este escenario despierta dudas sobre el verdadero objetivo de Vigo y su sintonía con la Casa Rosada, que parece esperar el momento político adecuado para definir el futuro de la Corte Suprema
