El Gobierno nacional implementó un nuevo régimen de acreditaciones para los periodistas que cubren actividades en la Casa Rosada, endureciendo los requisitos de acceso y estableciendo un código de vestimenta formal. La medida, publicada este viernes en el Boletín Oficial mediante la resolución 1319/2025, firmada por el vocero presidencial Manuel Adorni, deroga la normativa previa de 2024 y entró en vigencia de inmediato. 

Según el Ejecutivo, el objetivo es evitar aglomeraciones, reforzar la seguridad y garantizar un desarrollo ordenado de las actividades oficiales, aunque la falta de claridad en algunos puntos ha generado dudas en el ámbito periodístico.
 

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La nueva normativa introduce un procedimiento más riguroso para los medios y periodistas que deseen acreditarse. Entre los requisitos, se exige la presentación de una declaración jurada obligatoria y la evaluación de los solicitantes mediante una “matriz de evaluación objetiva” que aún no ha sido detallada públicamente. Los interesados tienen un plazo de 30 días hábiles para presentar sus solicitudes, y las acreditaciones serán válidas desde el 1 de abril de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026. La Subsecretaría de Prensa, bajo la órbita de la Secretaría de Comunicación y Medios, será la autoridad encargada de implementar y controlar el cumplimiento de estas disposiciones, con la facultad de emitir normas complementarias.
 

La medida tiene lugar luego del reciente cruce entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y un periodista que lo cuestionó sobre sus dólares en el exterior.
La medida tiene lugar luego del reciente cruce entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y un periodista que lo cuestionó sobre sus dólares en el exterior.

Uno de los cambios más significativos es la limitación del aforo en las salas de prensa. La Sala de Periodistas “Decano Roberto Di Sandro” permitirá el ingreso de un máximo de 25 profesionales acreditados bajo la modalidad anual, mientras que la Sala de Conferencias tendrá una capacidad de 36 periodistas. Estas restricciones, según el Gobierno, buscan optimizar la seguridad y evitar congestiones en los espacios de trabajo. 

Además, se estableció un código de vestimenta “formal” para las conferencias, justificado por la “naturaleza institucional” de los actos y su relevancia a nivel nacional e internacional. La normativa también advierte que los periodistas podrían perder su acreditación si no respetan el trato con sus colegas o con los funcionarios, aunque no se especifica qué conductas serían consideradas faltas graves.
 

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La “matriz de evaluación objetiva” ha generado preocupación entre los periodistas, ya que no se han precisado los criterios que se utilizarán para aprobar o rechazar las solicitudes. Según fuentes oficiales, se evaluarán aspectos como el alcance y la audiencia de los medios, pero la falta de transparencia sobre los parámetros específicos ha levantado sospechas de posibles decisiones arbitrarias. Asimismo, no se aclaró si existirá un mecanismo de apelación para aquellos cuya acreditación sea denegada, lo que incrementa las inquietudes sobre la pluralidad y el acceso a la información pública.
 

El Gobierno asegura que estas medidas buscan “garantizar el acceso a la información pública de forma objetiva, plural y transparente”. Sin embargo, el endurecimiento de los requisitos llega en un contexto de tensiones con el periodismo, especialmente tras un reciente cruce entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y un periodista que lo cuestionó sobre sus dólares en el exterior durante una conferencia. Este incidente, ocurrido un día antes de la publicación de la resolución, ha alimentado las críticas sobre posibles intenciones de limitar la presencia de medios no afines.