Una grave denuncia penal ingresó en las últimas horas a la fiscalía del juez Guillermo Marijuan, poniendo bajo la lupa el funcionamiento interno de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El escrito solicita investigar a 20 funcionarios de alto rango por presunto direccionamiento de contratos, sobreprecios y conformación de una red interna con fines de lucro personal.

El expediente fue sorteado y quedó asignado al Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2, a cargo de Sebastián Ramos, quien deberá determinar si existieron delitos vinculados a la asociación ilícita, cohecho y malversación de fondos públicos.

Los funcionarios señalados en la causa

Entre los nombres mencionados figuran Fernando Omar Bearzi (director ejecutivo de ANSES), Paula Amor (secretaria general del organismo), Gastón Palacios (chofer y colaborador directo de Amor), Diego Palma Beltrán, Luis María Abba, Javier López, Hernán Rubén Camino, Cecilia Paula Rosconi, Santiago Adrián Campo, Duilio Giri, Nora Alicia Valido, Gustavo Gioia, Christian Mikkelsen Loth y Gerardo Corti, entre otros.

De acuerdo con la denuncia, las maniobras habrían sido coordinadas desde la Secretaría General, bajo el mando de Paula Amor, con apoyo de áreas clave como Programación y Control de Gestión Operativa, Trámites Complejos y Control Interno.

Las maniobras bajo sospecha

El texto judicial sostiene que los funcionarios habrían creado un circuito paralelo de decisiones para favorecer empresas afines en licitaciones y contrataciones directas. Los denunciantes acusan que estas maniobras “buscaban obtener beneficios económicos personales” y podrían encuadrar en los delitos de asociación ilícita (art. 210), incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248) y cohecho y corrupción (arts. 256 y 258) del Código Penal.

Una de las firmas más mencionadas es América Virtual S.A., proveedora de servicios tecnológicos para la ANSES. Según el escrito, bajo la actual gestión “las facturaciones se multiplicaron groseramente” en comparación con años previos, alcanzando cifras “exorbitantes”. Solo en servicios adicionales, las contrataciones habrían trepado a 9 millones de dólares.

Investigación. La causa recayó sobre el fiscal federal Guillermo Marijuan.
Investigación. La causa recayó sobre el fiscal federal Guillermo Marijuan.
Clarin.com

Los contratos más polémicos

El documento judicial también señala el acuerdo con la empresa SAP, por 19 millones de dólares, que incluye licencias y consultoría, y otro convenio con IBM, a través del sistema Mainframe, valuado en 44,6 millones de dólares, con un adelanto de 7,7 millones. En este último caso, la proveedora sería la firma GyL, encargada de alquilar los servidores al Estado.

Los denunciantes aseguran que ambos contratos presentan sobreprecios injustificables y falta de transparencia en los procesos de adjudicación. Además, acusan a Paula Amor, junto a Gastón Palacios y Santiago Adrián Campo, de intentar tomar el control de la Dirección de Sentencias Judiciales, encargada de los pagos millonarios a jubilados por retroactivos.

Repercusiones judiciales y políticas

Fuentes del fuero federal confirmaron que la causa ya fue derivada al Juzgado de Sebastián Ramos, que comenzará a evaluar medidas de prueba en los próximos días. No se descarta la convocatoria a indagatorias o la revisión de contratos y movimientos financieros del organismo previsional.

Si se acreditan las maniobras descriptas, podría tratarse de uno de los casos de corrupción más relevantes de la actual gestión”, indicaron fuentes judiciales a este medio.

Un escándalo con derivaciones institucionales

La presentación judicial sacude al interior de la ANSES, una de las dependencias más grandes del Estado, que administra los fondos jubilatorios, pensiones y asignaciones familiares. De confirmarse los hechos, la investigación podría derivar en procesos administrativos internos y renuncias en cadena dentro del organismo.