Escándalo en Defensa: denuncian que una base militar fue usada como estacionamiento durante el Quilmes Rock
La Asociación Trabajadores del Estado presentó una denuncia penal contra el ministro Luis Petri por malversación de fondos públicos, luego de que se revelara que una zona restringida dedicada al desarrollo tecnológico del Ejército, se utilizó como parking. El hecho habría contado con aval oficial del Ministerio de Defensa.
La utilización de instalaciones militares para fines privados desató una nueva polémica en el Gobierno. Según denunció la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), dependiente del Ministerio de Defensa, fue habilitado como estacionamiento comercial durante el festival Quilmes Rock, realizado entre el 5 y el 13 de abril en Villa Martelli.
El organismo, creado en 1954 por Juan Domingo Perón, se encuentra junto a Tecnópolis y alberga proyectos estratégicos del Ejército Argentino, por lo que su acceso está estrictamente restringido. Sin embargo, durante el evento ingresaron cientos de vehículos, guiados por personal de la aplicación de estacionamientos Seeker, contratada por los organizadores del recital.
Un empleado del instituto, que pidió reserva de identidad, describió la situación con dureza: “Es como si en EE. UU. usaran una base de los marines como estacionamiento para un recital. Impensable. Y acá pasó con el aval del propio Ministerio”.
Autorización y vínculos políticos
De acuerdo con fuentes sindicales, la autorización fue firmada por el coronel (R) Fernando Lloveras, actual titular del CITEDEF, por instrucción directa del Ministerio de Defensa. ATE sostiene que la orden pudo haber llegado “por pedido de la Casa Rosada”, y que los empresarios detrás de Seeker —Carlos y Gonzalo Morales, Bernardo Wengier y Juan Bocco— tendrían vínculos políticos con La Libertad Avanza, aunque no existen registros formales de aportes partidarios.
Denuncia penal y silencio en el Instituto
El sindicato presentó una denuncia penal contra Luis Petri por malversación de fondos públicos y violación de normas sobre uso de bienes del Estado, al estimar que el estacionamiento generó más de 80 millones de pesos sin rendición oficial.
Además, denunciaron la existencia de una orden interna de silencio firmada por Lloveras, que prohíbe al personal tener contacto con representantes gremiales y advierte sobre posibles sanciones a quienes difundan información sobre el caso.
Repercusiones políticas
El escándalo llegó al Congreso. Legisladores de la oposición anunciaron que pedirán explicaciones a Petri durante la próxima interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, prevista para el 14 de octubre.
A su vez, la Oficina Anticorrupción analiza abrir una investigación administrativa para determinar si hubo responsabilidades penales o civiles por el uso de una instalación militar con fines comerciales.
La controversia pone nuevamente en la mira la gestión del Ministerio de Defensa, que ya había sido cuestionada por la cesión de recursos militares a eventos privados y por la falta de controles sobre el uso de predios estratégicos del Estado.