La CGT desafía al Gobierno por restricciones a la huelga
La central obrera presentó una acción judicial en respuesta a la nueva reglamentación oficial, que incorpora más sectores a la categoría de servicios esenciales y limita el derecho a medidas de fuerza.
Reacción sindical frente a los cambios normativos
La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este lunes una acción de amparo sindical ante la Justicia para solicitar la inconstitucionalidad del Decreto 340/2025, mediante el cual el Gobierno nacional amplió el listado de actividades esenciales y, con ello, restringió el derecho a huelga.
La presentación formal fue realizada en el Juzgado Laboral Nº3, a cargo de Moira Fullana, luego de que los principales referentes del sindicalismo advirtieran públicamente que acudirían a la vía judicial para impugnar la norma.
“Intenta suprimir el derecho a huelga de un plumazo”
En un comunicado reciente, la CGT expresó su rechazo a la medida presidencial al considerar que "intenta suprimir el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate", y sostuvo que el movimiento obrero "dará batalla en los tribunales, en las calles y en los lugares de trabajo".
Días antes de la presentación judicial, Héctor Daer, uno de los cosecretarios generales de la central obrera, fue consultado por periodistas al respecto y anticipó: "La semana próxima estamos actuando nuevamente en la Justicia. Estamos seguros de que se va a sostener lo que ya predijo la Justicia en primera y segunda instancia con respecto a este tema".
Polémica por los alcances del nuevo decreto
El nuevo decreto retoma aspectos del DNU 70/23, que había sido parcialmente suspendido por la Justicia tras otra intervención de la CGT. Según Daer, el Gobierno está replicando una estrategia que ya fue objetada: "Están reiterando lo mismo que estaba establecido en el decreto DNU 70/23, donde pretendían cercenar el derecho de huelga para muchas actividades".
El Decreto 340/2025, publicado el miércoles pasado, establece que los sectores esenciales deberán garantizar entre el 50% y el 75% de funcionamiento durante un conflicto gremial. Entre ellos se encuentran:
- Servicios sanitarios, farmacéuticos y hospitalarios
- Producción y distribución de energía, gas y agua potable
- Telecomunicaciones, internet y comunicaciones satelitales
- Transporte y logística de carga y pasajeros (marítimo, fluvial y aéreo)
- Control del tráfico aéreo y portuario
- Aduanas, migraciones y educación en todos sus niveles
