“Una vez más, el Poder Ejecutivo, en lugar de mejorar la vida de las y los argentinos, genera incertidumbre sobre miles de puestos de trabajo y desidia respecto de nuestras rutas”, manifestó la CGT en un duro comunicado.

Recordemos que el gobierno nacional confirmó este martes la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, la eliminación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la concesión de 9.120 kilómetros de rutas nacionales a operadores privados. La medida fue oficializada mediante el Decreto 461/2025, publicado en el Boletín Oficial.

La CGT reacciona contra el cierre de Vialidad Nacional por parte del gobierno

El anuncio fue anticipado en Casa Rosada el lunes por la noche, y ahora se convierte en norma con fuerza legal. Según el Ejecutivo, el objetivo es "modernizar, eficientizar y reducir el gasto público en infraestructura vial", aunque diversos sectores advierten sobre el impacto que tendrá en la seguridad, el empleo estatal y las tarifas de peaje.

“La red vial será concesionada bajo un nuevo esquema de participación público-privada, con foco en inversión privada directa, mantenimiento y modernización”, detalla el decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Infraestructura.

Puntos clave del decreto:

  • Vialidad Nacional será disuelta como organismo estatal. Sus funciones pasarán a un ente residual que se encargará de la transición.
  • La Agencia Nacional de Seguridad Vial también será eliminada y sus programas pasarán a las jurisdicciones provinciales.
  • Se inicia el proceso de concesión de 9.120 km de rutas, que incluirán mantenimiento, obras y cobro de peajes por parte de empresas privadas.
  • El Gobierno argumenta que estas medidas permitirán "descentralizar el Estado y hacerlo más ágil y sostenible".

Reacciones y críticas

Desde distintos gremios estatales ya se manifestaron en contra de la disolución de Vialidad y la Agencia de Seguridad Vial, calificando la medida como un "vaciamiento del Estado que pone en riesgo la seguridad en las rutas y miles de empleos".

A su vez, expertos en infraestructura alertan sobre el riesgo de dejar tramos críticos de la red nacional en manos de empresas sin garantías de mantenimiento o acceso equitativo para todos los usuarios.