La Corte Suprema rechazó el pedido de Alberto Fernández contra el juez Ercolini en la causa de los seguros
El máximo tribunal confirmó la validez de las decisiones previas y dejó firme la negativa a apartar al magistrado. La defensa del ex presidente había planteado supuestos vínculos personales.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió no hacer lugar a la recusación presentada por Alberto Fernández contra el juez federal Julián Ercolini, en el marco de la investigación conocida como la causa de los seguros. El fallo ratifica lo decidido previamente por la Cámara Federal y la Casación Penal, que ya habían desestimado el planteo del ex mandatario.
Fernández había denunciado enemistad personal con Ercolini
El ex presidente había solicitado apartar al magistrado con base en intercambios de chats ocurridos entre octubre de 2017 y marzo de 2018, cuando Fernández aún no había asumido la presidencia. Durante una audiencia, declaró: “Ercolini me quiere preso. Estoy seguro de que es parcial. Lo ha demostrado en las dos causas (la de seguros y la de violencia). Salgamos de los formalismos y veamos lo que ha ocurrido”.
Además, sostuvo: “No estoy paranoico, Ercolini me detesta y me quiere cobrar venganza”. Sin embargo, los jueces consideraron que las pruebas fueron presentadas fuera de término y que no había elementos técnicos suficientes para comprobar su autenticidad.
Las pruebas fueron desestimadas por los tribunales
El camarista Roberto Boico rechazó el planteo al argumentar que los supuestos mensajes no fueron acompañados por el dispositivo original ni por una pericia válida.
Según detalló, no se identificó el titular del teléfono ni se ofreció el aparato para su análisis técnico. La defensa apeló sin éxito ante la Cámara de Casación, y ahora la Corte confirmó esa resolución.
Cambio de juez y procesamiento por negociaciones incompatibles
A comienzos de febrero, Julián Ercolini fue reemplazado por Sebastián Casanello tras el vencimiento de su subrogancia en el Juzgado Federal N°11, justo cuando estaba por resolver la situación procesal de los imputados.
Pocos meses después, el juez Casanello procesó a Alberto Fernández por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública y le impuso un embargo de más de $14 mil millones.
El procesamiento se basa en el decreto 823/21, que obligaba a todos los organismos estatales a contratar con Nación Seguros, así como en la designación de María Cantero —esposa del empresario Héctor Martínez Sosa— como secretaria privada presidencial.
Sospechas sobre negocios privados dentro de la Casa Rosada
En su fallo, Casanello apuntó: “Existen fuertes sospechas de que construyó una oficina de Presidencia que pasó a ser asiento de los negocios del grupo empresarial de los cuales él mismo había participado”. El juez también procesó a Martínez Sosa y a Cantero, señalando una posible “confusión de intereses” en el funcionamiento interno del Ejecutivo.
“Su solo nombramiento, dada la sensibilidad de las tareas a cumplir —en especial, su contacto inmediato con la agenda y los quehaceres diarios del primer mandatario— suponía, ya de base, la creación de un riesgo objetivo que exigía mecanismos de mitigación proporcionales a la amenaza”, afirmó Casanello en la resolución.