La Inspección General de Justicia (IGJ) pidió la nulidad de la sociedad comercial "Dakota S.A.", exconcesionaria del servicio de grúas en la ciudad de Buenos Aires, por incumplimientos a las normativas vigentes.

Ante este panorama, la IGJ se presentó en el domicilio declarado por "Dakota" aunque no encontraron señal de la empresa. Semanas después, se presentó una empleada del estudio "Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen" con registros incompletos de las actividades de la firma.

Por otro lado, la IGJ detectó una transferencia de competencias al accionista Marcelo Violante, quien desde hace 20 años es el "controlante exclusivo de Dakota S.A.", percibiendo una remuneración "muy superior a la de los restantes directores".

De esta manera, la IGJ invocó el artículo 19 de la Ley de Sociedad Comerciales, que establece que "cuando la sociedad de objeto lícito realizare actividades ilícitas, se procederá a su disolución y liquidación a pedido de parte o de oficio", para solicitar la disolución de la firma a la justicia.