La Corte Suprema de Justicia de Argentina ha ratificado la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La sentencia, dictada en el marco de la causa conocida como "Vialidad", fue confirmada por el máximo tribunal del país el 10 de junio de 2025. La exmandataria fue hallada culpable de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, al haber direccionado licitación.

A pesar de la ratificación de la condena, Fernández de Kirchner cumplirá prisión domiciliaria y  usará tobillera electrónica.

El documento legal que trascendió
El documento legal que trascendió

Recordemos que , Fernández de Kirchner ha solicitado el cumplimiento de la condena en su domicilio, argumentando razones de salud y seguridad, dado su edad y el intento de asesinato sufrido en 2022. La Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad establece que, en casos como este, los jueces pueden conceder el arresto domiciliario, aunque cada solicitud se evalúa de forma individual .

La confirmación de la condena ha generado un fuerte impacto en la política argentina. El gobierno del presidente Javier Milei ha celebrado el fallo, mientras que sectores del peronismo, especialmente el kirchnerismo, lo han calificado como una persecución política. La situación podría alterar la dinámica electoral de cara a las elecciones legislativas de octubre de 2025, ya que la exmandataria mantiene un importante apoyo popular y su condena podría fortalecer su figura simbólicamente .

La resolución también incluye el decomiso de más de 84 mil millones de pesos, que se ejecutará una vez que el fallo quede firme. Esta medida busca recuperar parte de los fondos públicos presuntamente malversados durante la gestión de Fernández de Kirchner .

La situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner continúa siendo un tema central en la agenda política y judicial de Argentina, con implicaciones significativas para el futuro del kirchnerismo y la estabilidad institucional del país.