La oposición consiguió dictamen para interpelar a Guillermo Francos en la Cámara de Diputados

Tras un plenario realizado en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones Poderes Reglamento, los bloques opositores de la Cámara de Diputados lograron conseguir un dictamen con 29 firmas para interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por no cumplir con la aplicación de la Ley de Discapacidad, cuyo veto fue rechazado por los legisladores que ratificaron la vigencia de la norma.

La Ley de Emergencia en Discapacidad tuvo un amplio consenso en ambas cámaras, y la negativa del Ejecutivo a aplicarla ha sido el detonante del pedido de interpelación del jefe de Gabinete de ministros del Gobierno de Milei. El plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales, presidida por el libertario Nicolás Mayoraz, y de Peticiones, Poderes y Reglamento, a cargo de la macrista Silvia Lospennato, culminó con un dictamen de mayoría avalado por 29 firmas de bloques como Unión por la Patria (UxP), Coalición Cívica y Encuentro Federal —este último dividido en su apoyo a la moción de censura—. El Gobierno, por su parte, argumenta que no puede instrumentar la ley hasta que el Congreso defina el financiamiento adicional de 3 billones de pesos para 2025, un monto que el oficialismo califica de "irreal" en medio del ajuste fiscal para lograr el déficit cero.

En tanto, el autor del proyecto, el diputado Oscar Agost Carreño de Encuentro Federal, defendió la moción y enfatizó que no se trata de un ataque personal, sino de un reclamo constitucional: "No hay un tema personal con el Jefe de Gabinete, es la persona que la Constitución dice que tenemos que cumplir con reasignar las partidas, además de ser quien firmó un decreto diciendo que no va a cumplir con la ley".

LEE MÁS: Aliados con condiciones: El respaldo de Trump a Argentina expira si pierde las elecciones

LEE MÁS: Del escándalo de Espert al debut de Benegas Lynch en la Comisión de Presupuesto

"El Congreso no puede no hacer nada cuando no se cumpla una ley. Ahí se rompe el estado de derecho y no lo podemos permitir", agregó Carreño.

La ley de Discapacidad, sancionada en 2024 con más del 70% de aprobación en ambas cámaras, declara la emergencia en el sector hasta 2026 y obliga al Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias para pensiones, rehabilitación y accesibilidad, beneficiando a 1,5 millones de personas con discapacidad en Argentina. El Gobierno se niega a aplicarla ya que insiste en que para su implementación se requieren 3 billones de pesos adicionales, un monto que choca con el ajuste fiscal y el programa de déficit cero del Gobierno, que prioriza las metas del FMI por sobre las demandas sociales.