Mientras el Gobierno Nacional ajusta y cierra sucursales del Banco Nación para “ahorrar”, una empresa de seguridad vinculada a la familia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, acaba de quedarse con una licitación pública por casi 4.000 millones de pesos. La historia no termina ahí: al seguir el rastro legal del proceso, emergen indicios de posibles delitos de omisión, falsedad de declaraciones juradas y conflictos de interés que podrían escalar en la Justicia.

Desde Mundo Poder accedimos a la Licitación Pública 1251/2025, en la que Tech Security SRL, una firma controlada por Adrián y Fernando Menem, fue preadjudicada para encargarse de la seguridad de cinco edificios clave del Banco Nación. La empresa fue fundada en 2005, pero los Menem ingresaron como socios recién en 2014. Hasta diciembre de 2023, Martín Menem también era socio.

El vínculo familiar que podría invalidar todo

El decreto 202/2017, que regula los conflictos de interés en la contratación pública, exige la presentación de una declaración jurada de intereses cuando un oferente tiene vínculos de consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con funcionarios del Estado.

En este caso, Martín Menem es hermano de los actuales socios de Tech Security, lo que lo convierte en familiar de segundo grado directo. Esto exige, legalmente: Que el vínculo sea declarado.

Que se intervenga a la Oficina Anticorrupción y a la Sindicatura General de la Nación.
Que, en caso de omisión o falsedad, se excluya al oferente del procedimiento y se considere falta de máxima gravedad.

La licitación publicada en el Boletín Oficial se extiende por un plazo de 24 meses para brindar seguridad en el Aeropuerto Jorge Newbery.

¿Se omitió declarar el vínculo? ¿Se falseó información? 

La licitación fue publicada el 4 de julio de 2025 en el Boletín Oficial. El contrato es por 24 meses con opción a dos prórrogas de 12 meses cada una, lo que puede elevar el total a cuatro años y una cifra aún mayor.

La documentación revisada por este medio no incluye mención al vínculo familiar entre los Menem. Según fuentes internas del banco, recién ahora se estaría dando intervención a la OA, lo que no solo llega tarde, sino que podría invalidar todo el proceso de adjudicación.

¿Delitos o “falta ética”?

Hay tres escenarios posibles que pueden derivar en acciones penales:

No se presentó declaración jurada: delito.
Se presentó pero se omitió el parentesco: delito.
Se presentó y se reconoció el parentesco, pero no se pidió autorización a la OA: también delito.

En todos los casos, el contrato debería suspenderse inmediatamente, como lo prevé el decreto.

“Ya tenían contratos con el Estado”

Desde el entorno de Martín Menem aseguran que él ya no forma parte de la empresa, y que desconocen cualquier vínculo actual con Tech Security. Sin embargo, la desvinculación data del 6 de diciembre de 2023, solo semanas antes de asumir como presidente de Diputados, y en plena transición del nuevo Gobierno de Javier Milei.

El argumento oficial para defender la adjudicación es que la empresa ya tenía contratos previos con el Estado. Es decir, que ven con naturalidad que una familia apellidada Menem cobre miles de millones de pesos en servicios públicos, mientras el banco cierra 60 sucursales en todo el país.

¿Quién responde?

Lo sucedido plantea interrogantes de peso institucional: 

¿Sabían las autoridades del Banco Nación sobre el parentesco?
¿Se falsearon documentos?
¿Por qué se adjudica un contrato multimillonario mientras se ajustan otros gastos operativos?
¿Se aplicarán sanciones administrativas, civiles o penales?

La Justicia deberá decidir si la falta fue cometida por los empresarios, por los funcionarios, o por ambos. Pero más allá de lo legal, la pregunta de fondo es política: ¿qué significa “casta” para el Gobierno libertario, si no es exactamente esto?

En momentos donde se denuncian artistas por contratos menores con intendencias del interior, el blindaje a la familia Menem por contratos millonarios llama la atención. El contraste no podría ser más evidente.