Milei declaró un patrimonio superior a los $200 millones y su hermana casi triplicó el suyo
El Presidente y su hermana, ambos funcionarios del Poder Ejecutivo, presentaron sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción. Revalorizaciones, dólares en efectivo y bienes inmuebles explican la suba patrimonial.
Presentaron sus declaraciones juradas Javier y Karina Milei: subas por reevaluación de bienes
El presidente Javier Milei informó un patrimonio total de $206.046.375 ante la Oficina Anticorrupción (OA), en el marco de su declaración jurada obligatoria correspondiente al período fiscal 2024. La cifra representa un aumento patrimonial de $80.405.484 respecto al período anterior, cuando había declarado $125.650.891.
Un dato relevante es que el mandatario no incorporó nuevos inmuebles, manteniendo la propiedad ya declarada en años previos. El incremento en su patrimonio responde principalmente a la revaluación de sus bienes.
Entre los activos informados, Milei declaró ahorros en efectivo por US$20.000, que fueron volcados a la declaración en moneda local por un valor de $20.580.000. Además, incluyó un inmueble de 100 m² en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo valor declarado pasó de $13.657.100 a $38.419.071 en un año.
También posee depósitos en dólares por US$65.542, que se tradujeron en $67.443.222, y dos vehículos valuados en $36.427.800. El Presidente no declaró deudas.
Karina Milei triplicó su patrimonio en un año
Por su parte, Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, declaró bienes por $11.401.021, lo que representa una suba de casi $8 millones respecto a su declaración del período anterior ($3.548.270).
A diferencia de su hermano, la funcionaria no informó dólares ni en efectivo ni en depósitos bancarios. Su principal activo es un departamento de 150 m² en Capital Federal, valuado actualmente en $3.992.825, frente a los $1.833.559 del año pasado.
Además, tiene $4.260.081 en una caja de ahorro y un crédito impositivo por más de $2,4 millones.
La presentación de las declaraciones juradas ante la OA es una obligación anual para funcionarios, legisladores y senadores, quienes deben detallar su evolución patrimonial en cumplimiento de la Ley de Ética Pública.
