El diputado nacional de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, presentó un proyecto de ley que busca establecer un régimen específico de protección para los compradores de inmuebles en desarrollo, conocidos como “en pozo”, una modalidad en auge en Argentina pero con riesgos por la falta de regulación. 

La iniciativa, complementaria de la Ley de Defensa del Consumidor, se inspira en modelos de España, México y Estados Unidos, y apunta a garantizar transparencia, uso adecuado de fondos y responsabilidad en la entrega de obras. El proyecto establece que los fondos aportados por los compradores solo podrán destinarse a la obra comprometida, prohibiendo su uso para otros fines. Además, obliga a los desarrolladores inmobiliarios a publicar balances anuales auditados por profesionales matriculados y a entregar informes trimestrales sobre el avance de obra, detallando plazos y posibles demoras. 

También exige la creación de un Fondo de Garantía, un seguro de caución equivalente al monto de los anticipos, para devolver el dinero en caso de incumplimientos. Otro punto clave es la instauración de un Registro Nacional de Desarrolladores Inmobiliarios, de inscripción obligatoria para quienes realicen proyectos inmobiliarios. En cuanto a sanciones, se establece una multa diaria del 0,1% del valor del contrato por demoras injustificadas, hasta un máximo del 10%, y se propone modificar el Código Penal para imponer penas de 2 a 8 años de prisión por estafas que causen perjuicio económico mediante engaño o abuso de confianza.

Agost Carreño destacó que la falta de regulación ha permitido a desarrolladores inescrupulosos operar sin controles, poniendo en riesgo los ahorros de miles de familias. Citó el caso de Márquez & Asociados, que afectó a más de 4.000 familias, como ejemplo de la gravedad de la situación. “No se trata de demonizar esta modalidad, que es un mecanismo idóneo para acceder a la vivienda, sino de establecer reglas claras que garanticen seguridad y transparencia”, afirmó en los fundamentos del proyecto.

El diputado subrayó que el objetivo es un “mayor control estatal” para proteger a los consumidores frente a desarrolladores que incumplen. “Casos como Márquez y Asociados no son aislados. En Córdoba y el país hay innumerables casos que empañan la actividad de los buenos desarrolladores y generan miedo en familias que ahorran para su casa propia”, concluyó. 

La iniciativa, que busca evitar nuevas estafas, espera generar debate en el Congreso para fortalecer la confianza en el mercado inmobiliario.