Con la decisión de la administración de Javier Milei de avanzar en la privatización de de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) se confirmó que entre las nuevas autorizaciones aprobadas para la gestión de la empresa concesionaria se podrá interrumpir el suministro del servicio prestado ante deudas de los clientes.

Tras la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 304/06) en el Boletín Oficial, se determinó que el Estado nacional, que actualmente posee el 90% del capital accionario de AYSA, podrá disponer su enajenación total o parcial, en un gesto que representa un nuevo avance en el proceso de privatización de la compañía.

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Con la nueva configuración accionaria, la empresa concesionaria de AYSA podrá interrumpir el suministro de agua por falta de pago.
Con la nueva configuración accionaria, la empresa concesionaria de AYSA podrá interrumpir el suministro de agua por falta de pago.

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AySA presta servicio a más de 11 millones de personas con agua potable y a 9 millones con saneamiento en CABA y 26 municipios del conurbano. En 2024, la empresa logró un superávit operativo de $48.288 millones, el primero desde 2007, gracias a un aumento del 317% en las tarifas y programas de regularización de deudas. Sin embargo, enfrenta problemas estructurales: el 28% de la red de agua y el 50% de los afluentes están obsoletos, más del 40% del agua producida se pierde, y solo el 21,8% del servicio se presta en los horarios establecidos, según datos oficiales.

El piloto, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente, era el único ocupante de la aeronave. El accidente ocurrió alrededor del mediodía, y los equipos de emergencia y bomberos, acudieron rápidamente al lugar para controlar el incendio desatado tras el impacto. Imágenes compartidas en redes sociales muestran una gran columna de fuego y humo, evidencia de la explosión generada tras el impacto.

La reforma, que redefine la relación entre AySA, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación (APLA), fue enviada a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su revisión. Mientras tanto, la habilitación de cortes por impago y los ajustes tarifarios generan preocupación en un AMBA donde la capacidad de pago de los hogares está cada vez más comprometida.