Las elecciones están en marcha, pero la información está en pausa. Este domingo 18 de mayo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elige a sus nuevos legisladores y comuneros. Las mesas abren a las 8 de la mañana y cierran a las 18, pero hasta las 21 horas hay algo que no se puede nombrar: los resultados estimados. Ni medios, ni partidos, ni consultoras pueden difundir públicamente los sondeos conocidos como boca de urna. El dato existe, pero la ley exige silencio.

La veda electoral, iniciada a las 8 de la mañana del viernes, prohíbe no solo actos proselitistas y venta de alcohol, sino también la publicación de encuestas y proyecciones electorales. Específicamente, el artículo 71 inciso H del Código Electoral Nacional establece que ninguna estimación sobre resultados puede hacerse pública hasta tres horas después del cierre de los comicios. La medida busca evitar que estas cifras influyan en la voluntad de los votantes y garanticen la transparencia del proceso democrático.

Por eso, aunque muchos ya especulan en redes, WhatsApp o pasillos partidarios, en el plano oficial las urnas están abiertas pero las bocas, cerradas.


El Tribunal Electoral de la Ciudad habilitó este año una novedad: los resultados oficiales parciales podrán empezar a difundirse desde las 19, siempre que se cumplan dos condiciones. Primero, que se haya escrutado al menos el 25% de las mesas del distrito. Segundo, que se haya alcanzado el 33% del escrutinio en cada una de las 15 comunas. Si esas condiciones no se cumplen, el horario tradicional de publicación seguirá siendo las 21 horas.

Este cambio responde a una demanda social creciente: la ansiedad electoral se adelantó. Con la tecnología como aliada y la Boleta Única Electrónica (BUE) acelerando el escrutinio, muchas voces -tanto políticas como mediáticas- reclamaban conocer antes los primeros resultados. Pero la justicia electoral insiste: no se trata solo de rapidez, sino de resguardar el derecho al voto libre e informado.

Durante el día, las consultoras sí realizan boca de urna, una metodología que recoge datos de votantes a la salida de los centros de votación. A diferencia de las encuestas previas, estos datos reflejan decisiones reales, ya emitidas. Pero al estar legalmente embargados, no pueden circular hasta que termine la veda. La norma alcanza a todos: medios tradicionales, portales digitales, redes sociales y actores políticos. El que difunde, se expone a multas económicas.

Más allá de la letra fría de la ley, la veda también impone un estado de ánimo. La ciudad vota en suspenso, entre pantallas táctiles, urnas plásticas y la sensación de que el dato circula, pero no se dice. La Boleta Electrónica agiliza el trámite, pero no acelera la espera. Las autoridades de mesa reparten troqueles, los fiscales observan, y en los grupos de Telegram florecen cifras sin fuente, imágenes borrosas de planillas y especulaciones disfrazadas de primicia.

El Código Electoral busca con esto proteger el proceso democrático de la manipulación, pero en un ecosistema de sobreinformación constante, esa protección convive con el rumor. Lo que no se dice públicamente igual se filtra, lo que no se muestra igual se comparte. Y el dato que no se puede decir se transforma en el más buscado.

Hasta las 21, la democracia es un secreto a voces. Después, llegará el turno de los números. Pero por ahora, CABA vota en voz baja.