El caso de Romina Tejerina, cuya condena cumple 20 años en 2025, marcó un hito en Argentina por visibilizar la intersección entre violencia de género, trauma y la criminalización de las mujeres en contextos de vulnerabilidad.

Romina, una joven de San Pedro de Jujuy, fue condenada en 2005 a 14 años de prisión por homicidio agravado por el vínculo tras matar a su hija recién nacida en 2003, un acto que, según su defensa, ocurrió en un brote psicótico desencadenado por haber visto en el rostro de la beba la cara de su presunto violador, Eduardo "Pocho" Vargas.

Cabe recordar que Romina denunció que Vargas, un vecino que le doblaba en edad, la violó el 1 de agosto de 2002, dejándola embarazada. Sin embargo, Vargas fue absuelto por falta de pruebas, y la justicia cuestionó la veracidad de la violación, usando argumentos cargados de prejuicios de género, como que Romina "provocó" el abuso por su forma de vestir o comportarse.

Romina ocultó su embarazo por vergüenza y miedo, en una sociedad conservadora donde las víctimas de violencia sexual enfrentaban estigma y falta de apoyo. Intentó abortar sin éxito, ya que el aborto era ilegal y no había acceso a procedimientos seguros ni a información sobre anticoncepción de emergencia. El 23 de febrero de 2003, dio a luz sola en el baño de su casa y, en un estado de extrema angustia, apuñaló a la recién nacida, quien falleció dos días después. Su defensa argumentó que actuó bajo emoción violenta y un estado de psicosis puerperal, pero la justicia desestimó estas circunstancias, aunque reconoció atenuantes como su infancia marcada por violencia y su aislamiento social.

El caso desató un debate nacional y movilizó a movimientos feministas, que lo tomaron como emblema de la lucha contra la violencia de género y por la legalización del aborto. Organizaciones de derechos humanos y figuras públicas, como León Gieco, quien le dedicó la canción "Santa Tejerina", apoyaron su causa, denunciando la injusticia de castigar a una víctima de abuso mientras el presunto violador quedaba impune. La condena fue ratificada por la Corte Suprema en 2008, pero Romina salió en libertad condicional en 2012, tras cumplir nueve años y cuatro meses, el día de su cumpleaños número 29.

El caso expuso fallas sistémicas: la falta de perspectiva de género en la justicia, la ausencia de protocolos para abortos no punibles en casos de violación, y la carencia de apoyo psicológico y legal para víctimas. También reavivó el debate sobre la figura del infanticidio, eliminada del Código Penal en 1994, que podría haber reducido su pena. Tras su liberación, Romina rehízo su vida, estudió abogacía, formó una familia y tuvo un hijo, aunque enfrentó estigma social en su comunidad. Su historia fue clave para impulsar avances como la legalización del aborto en 2020 y cambios en la atención a víctimas de violencia sexual, aunque persisten desafíos en la implementación de estas leyes, especialmente en regiones conservadoras como Jujuy.