Alberto Fernández, expresidente de Argentina, se refirió a la causa por violencia de género en su contra durante una audiencia este miércoles 1° de octubre ante la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal.

En este contexto, Fernández reiteró su pedido para recusar al juez Julián Ercolini, quien lleva adelante la investigación por las denuncias de su expareja, Fabiola Yáñez.

Esta solicitud se presentó en una audiencia reciente ante la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci.

Fernández ha intentado apartar a Ercolini en múltiples ocasiones. En diciembre de 2024, el juez rechazó el planteo argumentando que se trataba de una "estrategia defensista" sin base objetiva.

La Cámara Federal también lo desestimó en ese momento, confirmando la continuidad de Ercolini en el expediente.

En septiembre, Ercolini rechazó otro intento similar, vinculado a la elevación a juicio oral.

Durante la audiencia del 1° de octubre, el exmandatario expuso que Ercolini fue "su amigo y ahora es su enemigo", citando una ruptura en su relación personal tras una denuncia por un viaje a Lago Escondido. También cuestionó que Ercolini maneje causas relacionadas con Yáñez y su entorno, como denuncias por falso testimonio contra la ex primera dama, su madre y su esteticista.

Ambas partes calificaron el pedido como un "dislate" destinado a dilatar el proceso y evitar que Fernández llegue al banquillo de acusados.

El fiscal federal Ramiro González solicitó la elevación a juicio oral, considerando concluida la investigación y probados los hechos denunciados por Yáñez. Esto se dio en paralelo al regreso de la ex primera dama a Argentina desde España, donde notificó a la Justicia sobre su llegada y solicitó custodia para su hijo Francisco (que fue denegada por el Gobierno).

Cabe recordar que Fernández está procesado por: Lesiones graves, agravadas por el contexto de violencia de género y contra su pareja, dos hechos de lesiones leves con los mismos agravantes.

Estos delitos, que prevén penas de hasta 18 años de prisión, se basan en denuncias de violencia física, psicológica y económica desde 2016 hasta 2024, incluyendo golpes, acoso y control, agravados por la asimetría de poder en la relación.

Entre las pruebas se incluyen chats de WhatsApp de Yáñez enviados a la ex secretaria de Fernández, con fotos de moretones y relatos de maltrato, pericias psicológicas que confirman el impacto en la salud mental de la víctima, y testimonios que describen un patrón de violencia continua.

El caso sigue en desarrollo, con la Cámara de Casación pendiente de resolver la recusación. Fernández ha apelado su procesamiento en febrero pidiendo el sobreseimiento, pero sin resolución favorable hasta ahora.