Alerta roja en la frontera: Milei blindó el límite por la masacre en Río de Janeiro
El Ministerio de Seguridad de la Nación activó una alerta máxima en todos los pasos fronterizos con Brasil, con énfasis en la Triple Frontera (Puerto Iguazú, Bernardo de Irigoyen y accesos fluviales). La medida responde a la operación policial realizada este martes 28 de octubre en los complejos de favelas Penha y Alemão (Río de Janeiro), que dejó un saldo de 132 muertos y decenas de desaparecidos.
El Gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Seguridad, activó este miércoles 29 de octubre una alerta máxima en las fronteras con Brasil (y en menor medida con Paraguay, en la Triple Frontera) como respuesta preventiva a la ola de violencia desatada en Río de Janeiro.
La medida busca impedir el posible cruce de miembros del Comando Vermelho (CV), una de las facciones criminales más poderosas de Brasil, tras un megaoperativo policial que dejó al menos 132 muertos y decenas de desaparecidos.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó la alerta durante una rueda de prensa en la Casa Rosada, enfatizando que no se trata de restringir el turismo, sino de "mirar con cuatro ojos" a los viajeros con antecedentes sospechosos.
El refuerzo de controles se basa en intensificación en pasos fronterizos como Puerto Iguazú (Triple Frontera), Bernardo de Irigoyen y otros accesos terrestres y fluviales. Incluye revisión exhaustiva de documentos, perfiles y equipaje.
La coordinación regional implica en el envío de manuales de identificación de señas del CV a agentes fronterizos, y mayor intercambio de inteligencia con Brasil y Paraguay. No implica el despliegue inmediato de más agentes federales, pero sí una vigilancia "extraordinaria".
En su cuenta de X (Twitter), publicó: "Reforzamos las fronteras para proteger a los argentinos ante cualquier ‘desbande’ que pueda generarse por los conflictos en Río de Janeiro. La seguridad de nuestro país, siempre primero".
Cabe recordar que el martes 28 de octubre, las fuerzas de seguridad brasileñas, respaldadas por el gobierno federal de Luiz Inácio Lula da Silva, lanzaron una operación masiva en los complejos de favelas de Penha y Alemão, dos barrios controlados por el CV.
El objetivo era ejecutar más de 100 órdenes de prisión contra líderes y miembros de la banda, acusada de narcotráfico, extorsión y armamento pesado (incluyendo fusiles calibre .50 capaces de perforar blindados).
Según la Defensoría Pública de Río de Janeiro, el saldo incluye civiles, delincuentes y al menos 4 policías. Vecinos denunciaron "ejecuciones extrajudiciales" y una "masacre" en las favelas, con más de 50 cadáveres recuperados un día después.
El gobernador de Río, Cláudio Castro, calificó la acción como un "éxito", aunque generó críticas internacionales por la magnitud de la violencia.
Lula regresó de urgencia de una gira por Asia y envió una comitiva federal con ministros de Justicia y Casa Civil para evaluar la situación. Se analiza la militarización de la ciudad, en lo que sería la mayor matanza en su historia reciente.
Hasta el momento, el embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, confirmó que no hay argentinos involucrados en los hechos.
Esta escalada resalta la transnacionalidad de las organizaciones como el CV, que operan en rutas de narcotráfico desde Brasil hacia Argentina y Paraguay.
El Gobierno argentino ve en esto una amenaza potencial de "desplazamiento" de criminales hacia la Triple Frontera, una zona ya sensible por su porosidad. La medida se enmarca en políticas previas de Milei, como el envío de 300 agentes a la región a principios de 2025.