Los productores agropecuarios de la provincia de Buenos Aires, particularmente en el centro de la región, continúan enfrentando una crisis severa por las inundaciones que azotan los campos desde principios de año.

Este lunes 6 de octubre se realizó un nuevo "tractorazo" en la localidad de Carlos Casares, un municipio emblemático de la Cuarta Sección Electoral, donde los agricultores se movilizaron para exigir medidas urgentes ante el avance del agua que ha anegado miles de hectáreas productivas.

Esta protesta se enmarca en una serie de reclamos que han escalado desde marzo, con impactos que superan los 2 millones de hectáreas afectadas en la cuenca del río Salado.

Las inundaciones no son solo consecuencia de lluvias intensas, como las de agosto que profundizaron el problema, sino también de la falta crónica de obras hidráulicas, mantenimiento de canales y caminos rurales.

Según un relevamiento de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), en Carlos Casares solo hay 114.589 hectáreas inundadas o anegadas de un total de 244.000, lo que representa cerca del 47% del territorio rural.

Distritos vecinos como 9 de Julio (162.474 hectáreas afectadas) y Bolívar (140.000) completan el panorama crítico, con escuelas cerradas, familias aisladas y producción paralizada.

El impacto trasciende lo agrícola: productores no pueden sacar cosechas, tambos cierran por falta de acceso y la salud rural se ve comprometida por caminos intransitables.

Un video viral mostró a un padre cruzando una laguna a caballo con sus hijos para llegar a la escuela, ilustrando la gravedad cotidiana.

El "Tractorazo" en Carlos Casares

La movilización partió de la rotonda en la Ruta 5, cerca del km. 319, y culminó en la Plaza San Martín. Organizada por productores autoconvocados bajo el lema "No es el clima, es falta de gestión" (y en la carta entregada al intendente Daniel Stadnik, "No es exceso de lluvia, es exceso de abandono"), la protesta reunió a decenas de tractores y vecinos. Reclaman contra la inacción municipal, provincial y nacional, culpando a la omisión de mantenimiento que agravó el "estrago" hídrico.

Esta acción sigue a una protesta similar el 3 de octubre en el mismo partido, donde se denunció el deterioro de la infraestructura rural.

Stadnik se reunió con productores el martes pasado para discutir transitabilidad, pero los agricultores consideran insuficiente el diálogo sin acciones concretas.

Los productores demandan un paquete integral de soluciones:

  • Obras hidráulicas urgentes: Limpieza y mantenimiento de canales, con auditoría técnica, para facilitar el escurrimiento antes de la siembra fina.
  • Alivio fiscal y crediticio: Suspensión de impuestos rurales (como el Inmobiliario), tasas viales y acceso a financiamiento con tasas diferenciales.
  • Infraestructura vial: Maquinaria para recomponer caminos y garantizar acceso a campos.
  • Diálogo coordinado: Transparencia entre municipios, provincia y Nación, incluyendo ejecución del Fondo Hídrico Nacional.

En respuesta, el gobierno bonaerense prorrogó la emergencia agropecuaria hasta febrero de 2026 en distritos como Carlos Casares, Bolívar, 9 de Julio y Tapalqué, con beneficios como prórrogas en pagos y créditos blandos vía Banco Provincia.

A nivel nacional, el ministro Luis Caputo homologó la medida para 12 partidos desde marzo hasta agosto. Sin embargo, productores cuestionan su alcance: no cubre impuestos nacionales ni tasas municipales, y la burocracia demora los auxilios.

La frustración ha llevado a escaladas judiciales. El 27 de septiembre, productores de Carlos Casares denunciaron penalmente al intendente Stadnik y a la intendenta de 9 de Julio, María José Gentile, por "estrago" e incumplimiento de deberes en el Comité de Cuenca A3 del río Salado. Alegan que la inacción oficial, no solo el clima, causó el daño masivo.

Políticamente, diputadas como Silvina Vaccarezza (UCR) y Valentín Miranda impulsan proyectos para obras urgentes en el centro-oeste bonaerense, destacando el desarraigo rural y la invisibilización de estos problemas en agendas nacionales.

Esta crisis subraya la vulnerabilidad del sector agropecuario bonaerense, donde el 60% de la producción de Bolívar y casi todo Carlos Casares están comprometidos. Sin intervenciones rápidas, advierten desde CARBAP y CRA, la siembra 2025-2026 podría colapsar, afectando la economía regional y la seguridad alimentaria. La movilización de hoy es un llamado a la acción inmediata para evitar que el "abandono" se convierta en éxodo rural definitivo.