El exintendente de la localidad cordobesa de El Brete, Eugenio Díaz, fue condenado por la Justicia de esa provincia a pagar 3 años de prisión luego de que se descubriera que pedía sexo a mujeres a cambio de puestos de trabajo y de planes sociales. Increíblemente, y a pesar de las acusaciones en su contra, no fue inhabilitado, por lo que podrá ocupar cargos públicos si lo desea en un futuro.

La sentencia fue dictada por la Cámara del Crimen de Cruz del Eje tras un juicio abreviado y no implica prisión efectiva ni inhabilitación para ocupar cargos públicos, lo que desató fuertes críticas por su levedad. Díaz, quien también es exlegislador provincial por el radicalismo, confesó en el proceso haber exigido relaciones sexuales a las víctimas a cambio de mantener sus empleos o acceder a planes sociales.

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A pesar de la gravedad de los delitos, el exintendente radical podrá continuar ocupando cargos públicos dado que no fue inhabilitado para el ejercicio de los mismos.

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Los hechos tuvieron lugar en la oficina del intendente, donde Díaz, entonces jefe comunal, presionaba a mujeres en situación de vulnerabilidad social. Según el expediente, al que accedió el medio Noticias Argentinas, una de las víctimas relató que Díaz le advirtió de manera intimidatoria: “No vuelvas a trabajar si no te acostás conmigo”, y la amenazó con perder su empleo o el plan social que recibía. Otra denunciante, en diálogo con el medio Noticiero Doce, explicó que “todo era a cambio de tener relaciones sexuales” y que las afectadas, en contextos de extrema necesidad, no podían denunciar por miedo a represalias.

Las mujeres trabajaban en la municipalidad y enfrentaban un entorno donde el entorno de Díaz, siempre fuera de su despacho, encubría los abusos. Las denuncias, presentadas hace más de 20 años, expusieron un sistema de extorsión sexual que tardó dos décadas en llegar a una resolución.

En el juicio abreviado, Díaz admitió su culpabilidad, lo que permitió una sentencia más rápida pero con una pena mínima. La condena condicional implica que no irá preso, y la falta de inhabilitación le permite postularse a cargos públicos en el futuro, una decisión que indignó a las víctimas. Una de ellas destacó en Noticiero Doce el impacto emocional de los abusos: “Estábamos en una situación vulnerable, y él se aprovechaba”. Además, señaló que los hechos eran un secreto a voces en El Brete, pero el poder del intendente impedía que se conocieran.

La sentencia incluye reglas de conducta durante cuatro años, como mantenerse alejado de las víctimas, someterse a tratamiento psicológico y pagar una reparación económica de 3,5 millones de pesos a cada denunciante que aceptó el acuerdo. Sin embargo, la levedad de la pena generó repudio. El abogado querellante, Pablo Olmos, criticó en Arriba Córdoba que la fiscalía acordara una condena tan baja, cuando los delitos podían implicar de 2 a 32 años de prisión. “Es una sentencia que no refleja la gravedad de los hechos”, afirmó, subrayando el daño causado a las mujeres, muchas de las cuales debieron abandonar la localidad por el trauma.