La jueza Julieta Makintach, magistrada del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro (provincia de Buenos Aires, Argentina), fue formalmente imputada este miércoles 10 de septiembre por delitos graves relacionados con su participación en la producción de un documental durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

La imputación se basa en un dictamen de los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, quienes recopilaron pruebas durante meses, incluyendo testimonios, cámaras de seguridad y documentos oficiales.

Los cargos específicos endilgados a Makintach son:

  • Cohecho pasivo (aceptación de beneficios económicos a cambio de actos en su función pública).
  • Violación de los deberes de funcionario público.
  • Abuso de autoridad.
  • Malversación de caudales públicos.
  • Peculado de servicios.

Estos delitos se vinculan directamente a su rol en el proyecto audiovisual titulado “Justicia Divina”, que buscaba documentar el juicio oral por la muerte de Maradona (iniciado en marzo de 2025).

La jueza habría facilitado el acceso no autorizado al edificio de Tribunales de San Isidro para filmaciones, permitiendo el ingreso de un equipo de producción (incluyendo a su amiga de la infancia, María Lía Vidal Alemán, y al productor Juan Manuel D'Emilio) sin permiso de la Suprema Corte de Justicia bonaerense ni de la Cámara de Apelaciones.

Entre las acciones cuestionadas:

  • Habilitó locaciones públicas (como la sala de audiencias) para tomas fílmicas exclusivas.
  • Utilizó su posición para asumir la presidencia del tribunal y ganar protagonismo en el documental.
  • Aceptó promesas de beneficios económicos futuros, como regalías por imagen o inversiones.

Esto provocó la nulidad del juicio por Maradona, ya que comprometió la imparcialidad y generó un escándalo que anuló meses de debate oral.

Makintach ya estaba suspendida de sus funciones desde julio de 2025, tras un jury de enjuiciamiento iniciado por el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, quien enumeró nueve inconductas graves.

Los fiscales ahora solicitan su destitución inmediata (desafuero) para avanzar con la indagatoria formal. Si se confirma su culpabilidad, enfrenta penas severas:

  • Cohecho pasivo: 1 a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua.
  • Abuso de autoridad: 1 a 24 meses de prisión e inhabilitación especial.
  • Malversación: 2 a 10 años de prisión con inhabilitación absoluta perpetua.

A través de su abogado, Darío Saldaño, Makintach negó las acusaciones, alegando que las filmaciones fueron "conocidas y consentidas" por el tribunal completo (incluyendo a los jueces Verónica Di Tommaso y Maximiliano Savarino). Planean pedir la nulidad del requerimiento de indagatoria y denunciar "espionaje ilegal" en la investigación. Además, el abogado de las hijas de Maradona, Fernando Burlando, exigió su destitución y juicio.

Este caso resalta tensiones en el Poder Judicial argentino, especialmente en causas de alto perfil como la de Maradona, y podría derivar en reformas sobre el uso de recursos públicos en producciones mediáticas. El proceso judicial continúa, con posibles avances en las próximas semanas.