Maximiliano Ochoa Roldán, jefe de la Policía Caminera de Córdoba, fue detenido junto a otros agentes acusado de liderar una red de corrupción al interior de la fuerza en la que también estarían involucrados civiles y abogados. El jefe policial está acusado ante la Justicia por los delitos de coacción, asociación ilícita en calidad de jefe, enriquecimiento ilícito, peculado y encubrimiento por omisión de denuncia.

La detención de Roldán se llevó a cabo en este viernes, en el marco de alrededor de once allanamientos que se realizaron en viviendas particulares, oficinas y estudios jurídicos ubicados en en Córdoba capital, Unquillo, La Calera y Cosquín.

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Además de Ochoa Roldán y de los agentes policiales, habrían civiles y abogados involucrados en la red de corrupción.
Además de Ochoa Roldán y de los agentes policiales, habrían civiles y abogados involucrados en la red de corrupción.

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La investigación reveló que la organización delictiva, integrada por policías y civiles, accedía a información confidencial del sistema policial para realizar cobros extrajudiciales, fijar honorarios y efectuar negociaciones paralelas. Entre los detenidos están el civil Gabriel Élido Burkhard, los comisarios Leonardo Javier Torres, Jorge Gutiérrez y Martín Darío Heredia, el hermano de Roldán, Gastón Miguel Ochoa Roldán, y el suboficial Dante Gabriel Villalba.

Según el expediente, los investigados usaban datos sensibles para extorsionar y obtener beneficios económicos, en una trama que compromete a la cúpula policial. El fiscal González, a cargo de la causa, dispuso los allanamientos en lugares estratégicos, incluyendo la Jefatura, para recolectar evidencia. La Justicia sospecha que la red operaba de manera coordinada, e involucraba a abogados que aprovechaban la información para negociaciones ilegales.

El presunto líder de la red, Ochoa Roldán enfrenta cargos por coacción, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, peculado y encubrimiento, mientras que otros imputados tienen acusaciones similares. La investigación continúa, y no se descartan nuevos allanamientos o detenciones en los próximos días.

Mientras tanto, la Justicia busca esclarecer cómo esta organización operaba desde el seno de la fuerza, utilizando datos confidenciales para fines ilícitos.