Fiscal pide Juicio Oral para Alberto Fernández por violencia de género contra Fabiola Yáñez
La autoridad judicial presentó su dictamen ante el juez federal Julián Ercolini para que el proceso ingrese en una nueva etapa, ante el cierre de la investigación y la falta de medidas de prueba.
El fiscal federal Ramiro González solicitó este jueves 14 de agosto que el expresidente argentino Alberto Fernández sea llevado a juicio oral por presuntos episodios de violencia de género contra su expareja, Fabiola Yáñez.
La acusación incluye delitos de lesiones leves y graves, agravadas por el contexto de violencia de género, y amenazas coactivas, con una posible pena de hasta 15 años de prisión.
Según el fiscal, Fernández ejerció violencia psicológica sistemática desde 2016, incluyendo acosos, hostigamientos, insultos y controles, que escalaron a violencia física tras 2019, con agresiones como golpes y zamarreos.
La investigación, calificada como compleja, se basa en pruebas como chats, fotos de lesiones y testimonios, y fue iniciada por una denuncia de Yáñez el 6 de agosto del año pasado.
La acusación sostiene que, durante su paso por la Presidencia de la Nación, Fernández ejerció "violencia sistemática" contra la entonces primera dama con "progresivo aislamiento en la residencia de Olivos".
La denuncia tomó impulso a partir de conversaciones rescatadas del teléfono de María Cantero, exsecretaria privada del por entonces presidente, que incluyeron fotos y mensajes enviados por la propia Yáñez con moretones.
El juez Julián Ercolini debe ahora decidir si eleva la causa a juicio oral.
Actualmente, Yañez se encuentra radicada en Madrid, España, junto a su pequeño hijo Francisco, fruto de su relación con Fernández. A comienzos de enero, la exprimera dama renunció a la custodia oficial que el Estado argentino le garantizaba hace más de un año, para "continuar su vida normal".
El exmandatario está además procesado en la Causa Seguros por la firma de un Decreto que permitió la intermediación de "brokers" en la contratación de pólizas para organismos públicos, un caso que está en etapa de apelación ante la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires.