Este miércoles 13 de agosto, la Cámara de Diputados de Uruguay aprobó un proyecto de ley denominado “Muerte Digna” que busca legalizar la eutanasia, con 64 votos a favor y 29 en contra tras un debate de más de 14 horas.

El proyecto, impulsado principalmente por el Frente Amplio y respaldado por sectores del Partido Colorado, Partido Nacional y Partido Independiente, establece un marco legal para garantizar una muerte “indolora, apacible y respetuosa” a personas mayores de edad, con capacidad psíquica plena, que padezcan una enfermedad terminal incurable o sufrimientos insoportables, con la aprobación de al menos dos profesionales de la salud.

El acceso está limitado a ciudadanos uruguayos o extranjeros con residencia acreditada.

Ahora, el proyecto pasa a la Comisión de Salud del Senado para su revisión. Si es aprobado allí, será votado en el pleno de la Cámara Alta y, de obtener luz verde, se enviará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

El proyecto establece un procedimiento riguroso: solicitud escrita del paciente, evaluación por dos médicos independientes, y posibilidad de revocación en cualquier momento. Además, crea una comisión honoraria para supervisar los casos.

Actualmente, la legislación uruguaya contempla desde 2013 el derecho de los pacientes terminales a rechazar tratamientos médicos que prolonguen la vida. Sin embargo, la eutanasia y el suicidio asistido continúan tipificados como “homicidio piadoso” en el Código Penal.

De concretarse, Uruguay sería el tercer país de América Latina en legalizar la eutanasia, tras Colombia y Ecuador.

En la región, Colombia cuenta con un marco regulatorio consolidado para la eutanasia desde 1997, reforzado por sentencias y protocolos médicos. Ecuador, por su parte, despenalizó la práctica en 2023 a través de un fallo de la Corte Constitucional, aunque no se ha aplicado hasta la fecha.

Y también a Canadá, donde se legalizó en 2016 luego de un fallo del Tribunal Supremo que declaró inconstitucional la penalización.

El debate reflejó posturas divididas: los defensores destacan la autonomía individual y el derecho a una muerte digna, mientras que los opositores advierten sobre riesgos éticos y posibles abusos.

Una encuesta de Cifra de 2025 indica que el 62% de la población uruguaya apoya la legalización.