Un tribunal de San Juan dictó una sentencia de 10 años de prisión efectiva contra una mujer, identificada como D.D.P., por facilitar abusos sexuales reiterados contra su sobrina, una adolescente de 17 años con discapacidad. Los hechos ocurrieron entre abril y agosto de 2024, en un caso que ha generado indignación por la gravedad de los delitos y la vulnerabilidad de la víctima.

La joven, que estaba bajo la guarda legal de la condenada, fue inducida mediante engaños a acudir al domicilio de un vecino mayor de edad, donde era obligada a mantener relaciones sexuales. Según el informe del Ministerio Público Fiscal, citado por Diario de Cuyo, la acusada manipulaba a la adolescente diciéndole que iban “a tomar gaseosas”, cuando en realidad había acordado con el vecino intercambiar los encuentros sexuales por cerveza, que ella luego consumía. Este acuerdo, que explotaba la condición de vulnerabilidad de la menor, se mantuvo durante meses hasta que fue descubierto por las autoridades.
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Los abusos habrían tenido lugar entre abril y agosto del año pasado.
Los abusos habrían tenido lugar entre abril y agosto del año pasado.

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El proceso judicial culminó en un juicio abreviado, en el cual D.D.P. reconoció su culpabilidad, lo que permitió agilizar la resolución del caso. El juez de Garantías homologó el acuerdo y la condenó por el delito de facilitación a la corrupción de menores agravada, según el artículo 125, tercer párrafo, del Código Penal argentino, en calidad de autora. Además de la pena de prisión, se le impuso una inhabilitación absoluta para ejercer cualquier función pública durante el tiempo que dure la condena. La mujer permanecerá en prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial hasta que la sentencia quede firme.

La investigación, que comenzó en octubre de 2024, sigue en curso para determinar la responsabilidad del vecino implicado, cuya identidad no ha sido revelada por disposición judicial. Las fiscales Valentina Bucciarelli y Luciana Fasoli, de la Unidad Fiscal de Investigación de Abuso y Maltrato Infantil (UFI ANIVI), han solicitado una condena de 30 años para este hombre, acusado de promoción a la corrupción y abuso sexual con acceso carnal. A diferencia de D.D.P., el vecino optó por enfrentar un juicio oral y público, rechazando la posibilidad de un juicio abreviado.

La víctima, identificada como M.R.P. y actualmente de 18 años, enfrenta secuelas físicas y psicológicas debido a los abusos sufridos y a su condición de vulnerabilidad. La Justicia ha mantenido su identidad bajo estricta reserva para proteger su integridad y privacidad. 

La condena de D.D.P. representa un paso hacia la justicia para la adolescente afectada, aunque el proceso judicial aún no ha concluido.