Este viernes 17 de octubre, se registraron serios incidentes en la sede central de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ubicada en el barrio porteño de Belgrano.

Un grupo de manifestantes, compuesto por familiares de personas con discapacidad, prestadores de servicios de salud, trabajadores y profesionales del sector, irrumpió por la fuerza en el edificio para exigir respuestas urgentes a sus reclamos.

La protesta escaló tras la suspensión inesperada de una reunión clave con las autoridades, lo que generó un clima de alta tensión que incluyó forcejeos con la policía y la rotura de vallados y puertas.

La movilización surge en medio de una crisis profunda en el sector de la discapacidad, agravada por políticas del gobierno nacional.

Los manifestantes reclaman la implementación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793) que fue aprobada por el Congreso, fue vetada por el presidente Javier Milei y luego ratificada por el Legislativo al rechazar el veto. Sin embargo, el Gobierno la suspendió mediante el Decreto 681/2025 hasta que se aprueben las partidas presupuestarias necesarias, lo que ha dejado sin ejecución fondos por $121 mil millones destinados a aumentos y prestaciones.

También se reclama aumento del nomenclador y aranceles para prestadores: Los valores no se actualizan desde hace meses, lo que precariza el trabajo de centros de rehabilitación, terapias y servicios esenciales. Pablo Molero, presidente del Foro Permanente de Discapacidad, criticó la "dilación y abandono" de las autoridades, afirmando que los fondos recibidos podrían cubrir aumentos significativos en tres meses.

Otro tema que se trata es la regularización de pagos y pensiones: Incluye la reforma del sistema de pensiones no contributivas, el cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad y la atención a deudas pendientes.

Por último, se reclaman mejoras salariales para empleados ya que muchos cobran por debajo de la canasta básica, con contratos precarizados.

La protesta coincidió con una convocatoria del interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches (designado tras el escándalo de irregularidades en la gestión anterior de Diego Spagnuolo), para discutir aumentos tarifarios. Sin embargo, la reunión fue cancelada por "fuerza mayor" a minutos de iniciarse, lo que desató la reacción de los presentes.

Organizaciones como el Foro de Discapacidad cuestionaron la actitud de las autoridades, acusándolas de evasión sistemática.

Según trascendió, la manifestación comenzó alrededor del mediodía con una concentración en la calle, acompañada de cánticos contra el Gobierno, bombos y carteles. Participaron decenas de personas, incluyendo la actriz Valentina Bassi, quien habló frente a la sede para visibilizar el reclamo.

Ante la negativa a recibir un petitorio, los manifestantes derribaron el vallado metálico de seguridad y forzaron la puerta principal, ingresando al hall del edificio. Hubo forcejeos con agentes de la Policía de la Ciudad, que inicialmente intervino, pero no impidió el acceso total.

Una vez adentro, los manifestantes tomaron oficinas y exigieron una audiencia inmediata. Testimonios desgarradores circularon en vivo: una madre, María, relató con lágrimas cómo sus dos hijos con discapacidad pierden calidad de vida por la falta de respuestas, afirmando: "No somos violentos, pero necesitamos que se escuche". Otro padre calificó la situación como "vergonzosa" y pidió la aplicación ya de la ley.

Las autoridades finalmente recibieron el petitorio, lo que permitió la salida gradual de los manifestantes. No se reportaron heridos graves, pero el incidente generó un fuerte impacto mediático y social. La Policía de la Ciudad dio intervención a fuerzas federales para el desalojo ordenado.

Antecedentes y tensiones políticas

Este episodio se enmarca en una creciente conflictividad en el sector:

  • Escándalo judicial: La ANDIS está intervenida desde septiembre de este año por una causa que investiga sobreprecios, coimas y direccionamiento en compras de medicamentos de alto costo durante la gestión de Spagnuolo. En octubre, se realizaron allanamientos en 25 domicilios y droguerías.
  • Auditorías en curso: El Gobierno destaca avances como la validación digital de identidades con RENAPER para evitar fraudes en beneficios, la digitalización de procesos y 81.159 bajas en pensiones por fallecimientos o renuncias. Sin embargo, críticos como Molero denuncian que estas medidas no resuelven la urgencia humanitaria.
  • Contexto político: Ocurre a días de que la oposición en Diputados apruebe un dictamen para interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la no aplicación de la ley. El Gobierno argumenta que prioriza el "ordenamiento" para que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan, pero las organizaciones lo ven como un recorte encubierto.

La protesta resalta la fractura entre el Ejecutivo y el sector discapacidad, con llamados a una mayor visibilidad y acción inmediata. Organizaciones anunciaron que la movilización continúa en las afueras del edificio, y se esperan repercusiones en el Congreso.