Jubilados en riesgo: El impacto de la corrupción en el PAMI
Viviana Aguirre, exfuncionaria del PAMi en La Plata, denunció que fue echada tras acusar al armador bonaerense de LLA, Sebastián Pareja (mano derecha de Karina), y a su colaborador Juan Osaba, de haberla despedido por negarse a ocultar casos de corrupción.
La corrupción en el PAMI (Programa de Atención Médica Integral), la obra social para jubilados y pensionados en Argentina ha sido un tema recurrente a lo largo de su historia, con denuncias que abarcan distintas gestiones y períodos.
En las últimas horas se conoció el caso de Viviana Aguirre, una exfuncionaria del PAMI en La Plata y diputada suplente de La Libertad Avanza (LLA) quien denunció en mayo de este año que le exigieron un "retorno" de un millón de pesos mensuales (o un porcentaje del 5% o más de su sueldo) para financiar actividades partidarias de LLA.
Acusó a Sebastián Pareja, armador político cercano a Karina Milei, y a su colaborador Juan Osaba, de presionarla para firmar documentos ilegales.
Aguirre afirmó que fue cesanteada por negarse a participar en estas maniobras y por investigar irregularidades internas.
Sobre los audios de Spagnuolo, consideró que salieron a la luz porque alguien los entregó. "Él es un corrupto más, como Francos, como son todos. Nosotros, como funcionarios, cuando nos entregamos lo primero que hicimos fue hacer la denuncia”.
“Yo empecé a denunciar en febrero del 2024, Spagnuolo nunca denunció la corrupción, solo nos enteramos porque aparecieron los audios", resaltó y añadió: “No tengo dudas que habrá nuevas revelaciones. Cuando yo denuncié el PAMI de La Plata, saltaron denuncias en Santiago del Estero, en Misiones, en Santa Cruz, porque ese es su modus operandi”.
Otro testimonio que surgió en las últimas horas pertenece a Marcela Coronel, médica, ex directora del PAMI en Santiago del Estero y ex militante de La Libertad Avanza, aunque no es el único.
En la provincia de Chaco, hace algunas semanas estalló otro escándalo cuando la fiscalía federal de Resistencia comenzó una investigación en la que detectó que se realizaron afiliaciones truchas en el partido libertario del Chaco y con el agravante de que muchas de las personas que testificaron y que negaron haberse afiliado son jubiladas, analfabetas o tienen algún tipo de discapacidad.
La corrupción en el PAMI sigue siendo un problema estructural, agravado por la falta de controles, la politización del organismo y las internas partidarias.
Las denuncias recientes, especialmente bajo la gestión de LLA, apuntan a un uso indebido de fondos para fines políticos, con investigaciones en curso, pero sin resoluciones definitivas.