La Cámara de Diputados rechazó el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad
El proyecto, que obtuvo 172 votos afirmativos contra 73 negativos y 2 abstenciones, una de ellas de María Eugenia Vidal, contó con el respaldo no solo de los bloques opositores sino también de legisladores que hasta hace poco integraban las filas de La Libertad Avanza. El número de votos positivos fue suficiente para lograr los dos tercios requeridos para ratificar la sanción de la ley aprobada por el Congreso. Ahora el tratamiento pasa al Senado.
Este miércoles la Cámara de Diputados rechazó el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que había dictado el presidente Javier Milei.
En este sentido, 172 diputados votaron en contra del veto, 73 en contra y dos abstenciones.
Esta ley, aprobada originalmente el 10 de julio por ambas cámaras, declara la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, buscando regularizar pagos a prestadores, actualizar aranceles, reformar pensiones no contributivas, fortalecer la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y garantizar el cupo laboral para personas con discapacidad.
El rechazo al veto se produce tras un fallo judicial del juez federal Adrián González Charvay, quien el 18 de agosto declaró inconstitucional el veto presidencial en un caso particular, argumentando que los derechos de los niños con discapacidad deben prevalecer sobre restricciones presupuestarias y que el veto violaba compromisos internacionales de derechos humanos. La decisión fue impulsada por un amparo presentado por los padres de dos niños con discapacidad, quienes denunciaron el riesgo de interrupción de tratamientos esenciales debido al desfinanciamiento.
Organizaciones sociales, como el Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad, apoyaron la sesión con movilizaciones en Plaza de Mayo y el Congreso, destacando la crisis en el sector, con pensiones congeladas (por ejemplo, $217.000 para pensiones por invalidez) y aranceles insuficientes para prestadores (como $3.000 por hora para maestras de integración).
La oposición, con figuras como Daniel Arroyo y Gabriela Brouwer de Koning, subrayó la importancia de la ley para garantizar derechos básicos y criticó la insensibilidad del Ejecutivo.
Para que la ley quede firme, el Senado también debe rechazar el veto con dos tercios de los votos. Dado que el Senado ya había aprobado la ley con amplio margen (55 votos afirmativos), es probable que confirme esta decisión. Sin embargo, el Gobierno anticipó que podría judicializar la norma para retrasar su implementación, como afirmó Milei previamente: “Si el veto se cae, lo vamos a judicializar”.
El impacto fiscal estimado de la ley, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, oscila entre 0,22% y 0,42% del PBI, financiable mediante reasignación de partidas.