La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ha expresado preocupación por las demoras en los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983), pero al mismo tiempo, sus acciones, o inacciones, contribuyen a perpetuar esas dilaciones.

Esta paradoja se ha intensificado en los últimos años, con reclamos de organismos de derechos humanos, la Secretaría de Derechos Humanos y hasta intervenciones internacionales como las de la ONU.

El fallo reciente que disparó la controversia

El 24 de octubre de 2025, la CSJN emitió un fallo en la causa contra Carlos "Indio" Castillo, un exmiembro de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), grupo parapolicial que operaba en La Plata y Mar del Plata antes del golpe de Estado.

En este dictamen, firmado por Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y dos jueces asociados (con disidencias parciales), la Corte exigió a los tribunales inferiores "indicios concretos" para justificar la prisión preventiva de acusados por lesa humanidad, limitándola implícitamente a no más de tres años sin sentencia firme.

Este criterio revierte parcialmente el fallo "Acosta" de 2012, donde la misma Corte había ampliado los motivos para la detención preventiva en estos casos, considerando no solo el riesgo de fuga o entorpecimiento, sino también la complejidad de las investigaciones, el tiempo de impunidad previo y las condiciones de los imputados (como edad avanzada o salud).

La Corte, en su voto, se quejó de las "demoras excesivas" en estos procesos, pero omitió su rol central: es el máximo tribunal quien debe confirmar las sentencias de instancias inferiores, y sus revisiones demoran en promedio años.

La renuncia al rol acelerador: la Comisión Interpoderes

Un punto clave de la crítica es la inactividad de la Comisión Interpoderes para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad, creada en 2008 durante la presidencia de Ricardo Lorenzetti para priorizar estos expedientes.

Esta instancia, integrada por los tres poderes del Estado, busca resolver cuellos de botella como la acumulación de recursos y la falta de recursos humanos.

  • Historia de parálisis: La comisión se desactivó durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y solo se reactivó en octubre de 2020 por presión de organismos y tras un pedido de juicio político contra Rosenkrantz por su postura en causas de memoria.

Sin embargo, desde entonces, ha tenido reuniones esporádicas y sin avances concretos.

  • Ignorar pedidos: En agosto de 2025, la Secretaría Penal Especial de la CSJN informó que no había mayoría (tres votos: Rosenkrantz, Rosatti y Lorenzetti) para emitir un fallo reactivador.

Organismos como el CELS y Abuelas de Plaza de Mayo han enviado cartas insistentes a Rosatti (presidente de la Corte) para convocar sesiones, sin respuesta.

Solo el 24-33% de las sentencias por lesa humanidad están firmes; el resto languidece en la Corte o la Cámara de Casación, con demoras de hasta 10 años en casos como Blaquier (dueño de Ledesma, pendiente desde 2015) o la Masacre de Trelew (resuelta formalmente tras 6 años, en 2020).

Reclamos históricos y presión internacional

Esta no es una novedad: desde 2020, el CELS y la Secretaría de Derechos Humanos han presentado "pronto despacho" en al menos 12 causas emblemáticas (ej. Ragone II, Capilla del Rosario, Ford), advirtiendo que la edad avanzada de los represores (muchos octogenarios) causa muertes antes de resolverse los juicios.

En 2021, el ministro Martín Soria alertó a la Corte que Argentina podría enfrentar sanciones de la ONU por estas dilaciones, ya que el Comité contra la Desaparición Forzada exige informes sobre retrasos en revisiones.

En 2023, la ONU reiteró: "Aceleremos los juicios y evitemos beneficios como domiciliarias para genocidas".

Implicancias y críticas

Esta "demora selectiva", celeridad en temas como Correo Argentino, lentitud en memoria, se ve como un obstáculo al proceso de Justicia por el terrorismo de Estado, que ha condenado a 1.117 represores desde 2006, pero frena los restantes 50 juicios pendientes.

Voces como el abogado Pablo Llonto (CELS) culpan directamente a la Corte: "Es la principal responsable de estas demoras".

Políticamente, coincide con tensiones internas en la Corte (ej. disidencias de Lorenzetti contra Rosatti en 2024) y el contexto mileísta, donde se percibe un "guiño" a sectores negacionistas.

En resumen, la queja de la Corte por demoras choca con su propia inacción en mecanismos como la Comisión Interpoderes y fallos que complican las preventivas, agravando el problema que denuncia.

Organismos insisten en que esto viola obligaciones internacionales y frena la verdad, memoria y justicia.