Este jueves 29 de mayo se realizó una manifestación masiva frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires, con protestas adicionales en más de 30 ciudades de todo el país, para exigir la aprobación urgente de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La movilización, organizada por diversas organizaciones, ONG, proveedores de servicios, familias y personas autoconvocadas, tuvo como objetivo abordar la situación crítica que enfrenta el sector de la discapacidad debido a las medidas de austeridad del gobierno y las políticas insuficientes.

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X de Daniel Arroyo

Las protestas pusieron de manifiesto cuestiones como la eliminación de más de 200 mil pensiones no contributivas, los retrasos en los pagos a los proveedores de servicios, las tarifas obsoletas, la falta de acceso a medicamentos y tratamientos, y el incumplimiento de la cuota de empleo del 4% para personas con discapacidad en las instituciones públicas.

Los manifestantes se concentraron en lugares clave, como la Plaza Congreso de Buenos Aires, donde bloquearon parcialmente avenidas como Entre Ríos y Rivadavia, y otras ciudades como Córdoba, Rosario, Santa Fe, Neuquén y Mendoza.

El proyecto, que busca garantizar derechos fundamentales como el acceso a la salud, la educación, el trabajo y la protección social hasta el 31 de diciembre de 2027, ha recibido el apoyo de grupos de oposición y avanzó con tres aprobaciones de comisiones en el Congreso. Sin embargo, el gobierno, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ha rechazado la propuesta, calificándola de "regresiva" y "asistencialista", argumentando que carece de fuentes claras de financiamiento y entra en conflicto con las metas de déficit fiscal.

Los profesionales presentes recordaron que la última convocatoria de este tipo se había producido en abril pasado, pero desde entonces no hubo ninguna respuesta positiva ante los reclamos.

La movilización fue organizada por diversas organizaciones, ONG, proveedores de servicios, familias y personas autoconvocadas

Figuras como el diputado Daniel Arroyo, denuncian que las políticas de la administración exacerban la crisis a través de recortes masivos de pensiones y obstáculos burocráticos.

“Sé de la angustia, la preocupación, el maltrato que sufren las familias. Sé que ya no aguantan más. Tenemos que dar un paso adelante, tiene que ser ley”, aseguró el impulsor de la iniciativa.

Está previsto que el debate continúe en el Congreso el próximo miércoles 4 de junio, y las organizaciones planean una vigilia para mantener la presión para que se apruebe la Ley.

“Estamos en emergencia. Sin pagos, sin medicamentos, con auditorías que ponen obstáculos y con un Estado que mira para otro lado”, expresaron los autoconvocados bajo el lema #DiscapacidadEnEmergencia.