Entre las garantías que incluye la propuesta figura la posibilidad de revocar la solicitud en cualquier momento, la exigencia de consentimiento informado, la intervención de comisiones médicas en cada jurisdicción y la cobertura integral de la práctica por parte del sistema de salud, tanto público como privado. Asimismo, el proyecto prevé sanciones para quienes, sin causa justificada, obstaculicen el acceso a la eutanasia para quienes cumplan con los requisitos establecidos.

Aunque el proyecto ingreso en el período ordinario 2025, se espera que recién se trate en 2026.
La presentación del proyecto adquiere relevancia en un contexto regional marcado por un reciente avance normativo. En octubre de 2025, Uruguay se convirtió en el primer país de Sudamérica en sancionar una ley de muerte asistida, lo que pone al debate argentino en sintonía con una tendencia regional creciente.
Si la iniciativa obtiene dictamen y es debatida al inicio de las sesiones ordinarias de 2026, podría reinscribir el país en un debate legislativo de gran impacto social, legal y médico.
La propuesta suscitada por la UCR redefine los alcances de la autonomía personal ante el final de la vida en la Argentina, buscando completar -mediante una regulación clara y acompañada de controles- lo que hoy se limita a la "muerte digna". La decisión de avanzar con un proyecto de eutanasia activa abre un nuevo capítulo en la agenda parlamentaria y social.



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